El pasado sábado se publicaron en redes sociales “saludos” y comentarios de los futbolistas mexicanos Giovani Dos Santos, Miguel Layún y Braulio Luna dirigidos a apoyar al titular de Gobernación, Adán Augusto López. Estas tres publicaciones estaban muy en el tono de la campaña de quienes apoyan al secretario en sus aspiraciones presidenciales.
A los tres jugadores les fue fatal en redes sociales, con un sentimiento negativo de 98% y un alcance de 6.5 millones de personas . Les fue tan mal que empezaron a dar excusas para tratar de salvar cara, tales como que los mensajes se los habían pedido terceros y, ellos, muy acomedidos, los publicaron. La explicación que dieron quizá los salve con algunos de sus seguidores, pero el decir que fue todo hecho por encargo de terceros, contrario a un acto original y voluntario, dará pie a que se les investigue para ver si, en acatamiento al artículo 134 Constitucional, no se usaron recursos públicos y si no se hizo promoción indebida y personalizada a favor de un funcionario público.
El tema es similar a lo que ocurrió con el Partido Verde Ecologista (PVEM) en las elecciones intermedias de 2021, cuando varios influencers de forma orquestada salieron a pedir el voto por dicho partido, por lo cual fueron sancionados con multas, tanto influencers como el PVEM , que superaron 85 millones de pesos.
En cualquier otro país no habría problema si el día previo a la elección, como fue el caso del PVEM, o en etapa no electoral, como es ahora el de los tres futbolistas arriba mencionados, se hacen expresiones de apoyo. Pero en México, desde 2007, estos temas están sobrerregulados.
El que entendió bien lo que estaba pasando y se adelantó negando su participación en los hechos, algo que en materia electoral se conoce como deslinde, fue el secretario de Gobernación, quien gracias a una buena asesoría jurídica no ha sido sancionado por las autoridades electorales.
El tema de los futbolistas se volverá a su vez muy interesante, pues si bien la Constitución es muy severa en la promoción a servidores públicos y aspirantes a cargos de elección popular, la nueva Ley General de Comunicación Social , apenas aprobada y publicada hace menos de un mes, permite que sí se brinde este tipo de apoyos. Incluso, que sean financiados por terceros, siempre y cuando no involucren recursos públicos.
Así que el caso de los tres futbolistas y su apoyo al secretario de Gobernación va a ser el primer asunto para probar en los tribunales electorales la legalidad de la nueva ley. Este tema, sin que los jugadores se hayan dado cuenta, y no sé si el secretario, va a poner a prueba el “Plan B” electoral de López Obrador, para ver si, como Morena busca, se flexibilizará la rigidez existente en campañas y precampañas.
Si bien los jugadores pudieron haber hecho el ridículo en redes sociales, e incluso ser sancionados por las autoridades electorales y hasta por la Liga MX , el caso jurídico podría convertirse en un parteaguas respecto a cómo se hacen las campañas políticas en México.
Quién lo hubiera dicho. Quizá tengamos el “precedente Layún”, en honor al jugador del Club América. Toda la clase política, sobre todo la de Morena, estaría muy contenta con estos nuevos criterios electorales. Pronto veremos qué pasa.
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