Mañana se votará en el Senado la minuta que ya pasó por la Cámara de Diputados, en la que, a propuesta del PRI, se extiende en la Constitución la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública de 2024 a 2028.
La iniciativa que propuso el PRI y que el bloque de Morena, PT y PVEM aprobó, por apenas dos votos en Diputados, puede tener sentido dado que las policías municipales y estatales no parecen estar listas para absorber de lleno estas funciones en año y medio. También, derivado de que la Guardia Nacional está en proceso de consolidación.
Sin embargo, la forma en la que se presentó la iniciativa, a espaldas del PAN y PRD, dizque aliados del PRI, así como el actuar del gobierno federal y de gobernantes de Morena en torno a la dirigencia priista, hacen parecer que se intercambiaron votos a cambio de cerrar procesos legales de corrupción contra dirigentes priistas. Esto ha dejado un mal sabor de boca pues un tema tan serio como el futuro de la seguridad pública no se ha discutido a fondo.
En el Senado se requieren 86 votos para la mayoría calificada necesaria para aprobar la reforma arriba descrita, pero el bloque oficialista sólo cuenta con 75 senadores. Necesitan 11 más. ¿Cómo hará el gobierno para convencer a la oposición?
El priismo en el Senado, salvo el senador Manuel Añorve, se ha mostrado reacio a votar a favor la iniciativa de los diputados. Tienen buenos argumentos para no hacerlo, pero el gobierno está apostando a que, con la presión de varias investigaciones penales sobre ellos, se “convenzan” de votar a favor.
No es que las acusaciones sean fidedignas, pero es público que los siguientes expedientes existen sobre algunos senadores priistas: sobre Miguel Ángel Osorio Chong y/o su equipo más cercano (por su paso por la Secretaría de Gobernación) hay denuncias por la compra irregular de equipos para la entonces Policía Federal y por el uso de la partida secreta.
También está el caso del senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Sobre él ha habido acusaciones en su gestión en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En particular, por obras que habría realizado para reubicar a damnificados en las afueras de Acapulco. Sobre Silvana Beltrones hay señalamientos de supuestas cuentas millonarias en la banca de Andorra. Sobre otro importante senador de oposición, Miguel Ángel Mancera, del PRD, y exjefe de Gobierno de la CDMX, varios de sus más cercanos colaboradores han sido ya imputados por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
A estas alturas del sexenio debe quedar claro que la 4T sí sabe usar a las fiscalías para avanzar sus fines políticos. La pregunta es si estos señalamientos harán que un número de legisladores de oposición “cambien” su posicionamiento, de manera que den los votos necesarios a la iniciativa que promueva el gobierno.
Si cambian sus votos, la oposición quedará fracturada para el resto del sexenio y quienes no militan con la 4T se verán forzados a repensar, por completo, su estrategia rumbo a 2024. En cambio, si la oposición se mantiene -a pesar de las amenazas desde el Gobierno-, parece inminente un resquebrajamiento del PRI en diputados, pero también el inicio de un periodo en el que surgirá, con liderazgos desde el Senado, una oposición seria y echada para adelante.
Los números parecerían confirmar que la 4T necesita un “milagro” para lograr pasar su iniciativa que extiende a las fuerzas armadas su plazo para coadyuvar en temas de seguridad pública hasta 2028. Veamos si la amenaza de reabrir varios procesos penales les hace el milagrito.
Hasta ayer, en comisiones del Senado, la oposición había aguantado las presiones. La duda es si la oposición está lista, mañana miércoles, para ser un dique que no permita reformas constitucionales. Si el dique se rompe en el tema de las fuerzas armadas , también se habrá roto en otros temas igualmente sensibles. Mañana sabremos.
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