Desde el atentado en las Lomas de Chapultepec, en junio de 2020, en contra del secretario de Seguridad Pública de la CDMX, Omar García Harfuch, no se había visto tanto poder de fuego del crimen organizado rondando en la capital del país, como lo encontrado en la casa de seguridad que varios sicarios de Sinaloa tenían en la zona de Topilejo: 10 rifles de asalto, un rifle anti material Barrett (para destrucción de tanquetas), una ametralladora de calibre OTAN (7.62x51 mm), decenas de granadas explosivas (40 mm) y cientos de municiones.
Claramente, los 10 sicarios detenidos estaban preparando el terreno para una incursión, más amplia, del cártel al que pertenecen y su logística demostró bastante preparación: mismo tipo de armas (lo que facilita el suministro de municiones), armas de asalto y tácticas, chalecos antibalas, capacidad de usar el armamento (enfrentaron por más de una hora a cientos de policías) e incluso mostraron estructura de mando, pues hasta “placas” con cargos portaban.
La organización criminal a la que los sicarios pertenecían (se presume que era el Cártel de Sinaloa ), se encontraba retando el monopolio del uso de la fuerza del Estado mexicano y hasta la capacidad de fuego de las Fuerzas Armadas. Y es que, al ser los sicarios “civiles armados”, las fuerzas de seguridad no están facultadas para usar gran parte del armamento que poseen. Incluso, no pueden usar muchas de las armas que confiscaron en Topilejo, pues eran “civiles”. Para usar contra ellos armas de mayor calibre, se les tendría que poner en otra definición, como “grupos insurgentes” o “terroristas”, pero ello implicaría un cambio de paradigma a nivel nacional e internacional.
Es de llamar la atención que, afortunadamente, en la CDMX existe una política de cero tolerancia a la delincuencia organizada, mientras que a nivel federal sí la hay. Quizá por ello, la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete prefirieron evadir hablar de lo acontecido en Topilejo.
Pero si bien lo acontecido ahí, por un lado, es un reto mayúsculo de los cárteles a los gobiernos local y federal, también es algo que denota que la CDMX ha decidido, en los hechos, distanciarse de la política “abrazos, no balazos”. Y qué bueno, pues ésta, como está concebida, es sólo una frase que no ha logrado pacificar al país. Al contrario, hay más homicidios que en sexenios previos.
Quizá este sea el único aspecto en el que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum , no imita puntualmente las políticas de AMLO. Y es que, de hacerlo, corre el riesgo de la que CDMX se convierta en un campo de batalla entre grupos criminales tratando de avanzar el derecho de piso o la venta de droga. En ambos rubros sería la plaza más preciada, pero de suceder algo así, al tratarse de la capital financiera y política de México, los efectos colaterales serían devastadores para la ciudad y para el resto del país.
Ojalá que la CDMX logre mantener su política de seguridad. Ojalá que la jefa de Gobierno no trate de imitar las políticas federales en este rubro y, finalmente, ojalá que se mantenga en su puesto nuestro secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien, con todo en contra y pocos recursos, está haciendo una destacada labor.
Cambiando de tema:
La inflación parece estar fuera de control. Desde que el 4 de mayo se presentaron en la mañanera una serie de medidas, la inflación no se ha controlado. Algunos ejemplos: esta semana Bimbo anunció el incremento de todos sus productos, salvo el pan de caja blanco. El pan integral tuvo un aumento de 11% y eso que la harina de trigo ha aumentado, internacionalmente, en un 40%. Los refrescos de Femsa han aumentado, en promedio, 6.6%, pero el agua natural Ciel aumentó 14%.
¿Será tiempo de que el gobierno federal, el Banco de México y los sectores productivos elaboren un nuevo plan?
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