Actualmente se encuentran bajo investigación o proceso tres altos funcionarios que han sido clave en las políticas de seguridad para el Estado mexicano en los últimos años:
1) Santiago Nieto, exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (2018-2021) en la propia 4T, es actualmente investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública. Se le señala de alteraciones en su patrimonio y de firmar contratos sin atribuciones.
2) Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, (2019-presente), es investigado por la FGR con relación a su actuar en el caso de Ayotzinapa, en donde había sido coordinador de la Policía Federal en Guerrero, cuando dependía de la Secretaría de Gobernación.
3) Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República (2012-2015), señalado por la FGR de desaparición forzada y tortura, también respecto a Ayotzinapa, en un proceso penal ya en curso.
Las tres personas antes señaladas han tenido cargos complicados y han enfrentado retos no menores. Nieto congeló cuentas de varios carteles de la droga por miles de millones de pesos, enfrentó a “factureros” y reorganizó la UIF para hacerla un poderoso instrumento de política pública. García Harfuch ha luchado activamente para evitar que los carteles se estabilicen en la CDMX, lo que le valió, en el 2020, un atentado en el que le dispararon más de 400 tiros. No se achicó y hace 15 días hizo el decomiso más grande de cocaína pura en la CDMX, al detener, con inteligencia de Estados Unidos, 1.6 toneladas, con un valor de cientos de millones de pesos.
Y Murillo, entre otros logros, recapturó a Joaquín “El Chapo” Guzmán cuando se fugó de prisión.
Desde luego, hay que esperar que las investigaciones concluyan y, si cualquiera de los tres cometió algún acto indebido, debería ser sancionado con todo el rigor de la ley, pero lo acontecido parece que va prefigurando más a actos de ajustes de cuentas políticas y no necesariamente la búsqueda de la justicia y el fin de la impunidad en México. Ya algo similar le había sucedido a Nieto cuando se volvió incómodo para el peñismo como fiscal electoral.
Para empezar, a Nieto y Murillo, el gobierno mexicano -por criterios de austeridad, aunque violando reglamentos internos-, les quitó la protección a la que ellos y sus familias tenían derecho, dado lo peligroso de los cargos que tuvieron, lo que los dejó en estado de vulnerabilidad. El tema fue notado, con preocupación, por muchos de los actuales servidores públicos en temas de seguridad e inteligencia.
Una serie de delitos por los que se les acusa parece no encajar; por ejemplo, acusar a Murillo de “desaparición forzada” de los estudiantes de Ayotzinapa, cuando él entró al caso 10 días después de que éstos habían desaparecido, o que García-Harfuch estuviera en una reunión secreta para planear un “crimen de Estado”, cuando en los hechos ya no estaba adscrito en Guerrero, sino en Michoacán. O, buscar detener a varios mandos militares por no haber actuado con prontitud y diligencia para evitar la desaparición de los estudiantes parece ignorar cómo operan en la práctica las complejas cadenas de mando en las fuerzas armadas y que no pueden salir de los cuarteles sin varios procedimientos reglados.
Ojalá que el “criterio” de Ayotzinapa ayude a que las corporaciones de seguridad actúen de mejor manera. Pero me parece que sucederá lo contrario, pues no hay criterio alguno, son más bien ocurrencias, y policías, ejército, marinos y guardias nacionales se van a paralizar ante la incertidumbre que las políticas públicas de la 4T están generando en instituciones de seguridad nacional. Y, si no se paralizan, van a estar documentando el por qué no actuaron, lo que además sucede en un momento muy crítico en la seguridad pública y rompiéndose récord de homicidios.
Esperemos que al menos los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa encuentren justicia en los siguientes meses. Ha sido una larga espera, pero con las definiciones y criterios que en los temas de seguridad se vienen tomando en la 4T, me parece que nos esperan meses muy oscuros como ciudadanía.
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