Ya todo lo que sucede en el país, si viene de parte del gobierno federal y/o sus legisladores, parece que tiene jiribilla electoral. Tal es el caso de la nueva Ley General de Comunicación Social que se publicó el pasado 27 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación.
El motivo de su reforma, luego de una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , debió haber sido que existieran criterios objetivos y transparentes para la asignación de los recursos públicos destinados a la propaganda gubernamental para todos los medios de comunicación: espectaculares, radiodifusión, periódicos, revistas, internet, etc. Algo muy loable.
Ese mandato de la SCJN me parece que no se cumplió puntualmente, pues queda la misma discrecionalidad de siempre y es probable que el máximo tribunal, en algunos meses, diga si se acató o no su sentencia de 2021, luego de impugnaciones del organismo internacional Artículo 19 .
Pero hay dos elementos nuevos que están generando mucha confusión y problemas en esta ley, aunque en apariencia parecen artículos acertados. El primero es que la norma flexibiliza lo que los funcionarios públicos pueden decir y hacer en sus ruedas de prensa y en los medios de comunicación. El problema es que lo que señala la nueva ley es contrario a lo que ordena la Constitución desde 2007 .
A manera de ejemplo, la Constitución establece que durante procesos electorales los funcionarios públicos sólo pueden hacer comunicación respecto a tres temas: educación, salud y protección civil. Pero la nueva ley amplía lo que pueden decir los funcionarios a prácticamente cualquier cosa, pues señala que: “No constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión”.
Me parece correcto que a todos los funcionarios se les quite la “mordaza” que se les impuso. Pero, ¿y qué hacemos con lo que aún dice la Constitución? Una norma constitucional con la que, por cierto, el INE y magistrados federales (TEPJF) han sancionado reiteradamente al Presidente de la República y a las estaciones de radio y TV que han llevado su propaganda electoral —desde la mañanera— en sus transmisiones. Así que, esta parte de la reforma parece estar diseñada para quitarle al Presidente un tema por el que han sido sancionadas sus unidades de comunicación social. El efecto práctico de este artículo es que nadie podría restringir o modular lo que dice el Presidente en procesos electorales.
Otro tema interesante es que en la ley se topa el gasto de comunicación de la Federación en 0.15% de su presupuesto de egresos. Parece acertado evitar excesos. Con el porcentaje aprobado, el gobierno federal no podrá gastar más de 6 mil millones de pesos (aunque de por sí este monto es el doble de lo que tiene aprobado para gastos de comunicación). Pero, de manera sorpresiva, los diputados de Morena añadieron un artículo que también topa en 0.1% los presupuestos de comunicación de estados, municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, algo que los dejó perplejos por lo que señalan que es una invasión a sus respectivas autonomías. El sentimiento de varias entidades es que la Federación, además de tener un presupuesto enorme, no ve afectado su gasto comunicacional, y además tiene miles de minutos gratuitos diariamente en todas las estaciones de radio y TV , y encima de ello, el ejercicio propagandístico de la mañanera y el uso de los medios públicos federales.
Habrá que ver qué se define en tribunales respecto a esta nueva ley, pero no cabe duda de que es una joya de ingeniería legal para hacer avanzar la comunicación presidencial y, en paralelo, prácticamente anular a estados y municipios. Seguramente habrá todo tipo de impugnaciones. Mientras tanto, todos los medios y funcionarios públicos se tendrán que regir por esta nueva y polémica ley .
No se puede negar que la 4T tiene una gran creatividad para hacer avanzar su agenda y acotar la de funcionarios de oposición. Si estos estaban prácticamente desaparecidos en lo mediático, con esta ley, difícilmente podrán reaparecer, so pretexto de ahorrar gastos.
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