El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está ante la extorsión que le está haciendo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que ya logró que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador echará atrás la reforma educativa de 2013, aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Con ello, recuperó muchas de las canonjías que había perdido por la reforma y, peor aún, logró el ofrecimiento de la entonces candidata Sheinbaum para derogar la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE de 2007.
La CNTE busca regresar el sistema de pensiones conocido como esquema solidario, donde las aportaciones de los trabajadores en activo para su eventual jubilación financian el pago de las pensiones de los trabajadores del Estado ya en retiro. El problema de un esquema así es que, para que funcione, se requiere que haya un suficiente número de trabajadores en activo que puedan financiar a los jubilados que cobran mensualmente sus pensiones, pero eso ya dejó de funcionar en México pues la pirámide laboral se invirtió.
Mientras en 2001 había cinco trabajadores en activo por cada trabajador pensionado, en 2007 ya solo eran 3.4. Ahora se estima que ya hay menos de un trabajador en activo por cada uno en retiro. El número de personas que se han pensionado ha crecido a mayor velocidad que el de personas activas.
Si en 2007 era ya insostenible el esquema solidario, hoy lo es mucho menos, con el agravante de que arrastraría rápidamente a las finanzas públicas a una situación de mayor desorden. Si el gobierno actual cede a las pretensiones de la CNTE no se lograrán las metas de la SHCP sobre el déficit de las finanzas públicas respecto al PIB, que ya llegó en 2026 a 4.1%, por arriba de la promesa para el primer año de gobierno de un déficit de 3.9%.
Si las calificadoras internacionales ven que la reducción del déficit tomará más tiempo del ofrecido, o que de plano no se logrará, pondrán a México con perspectiva negativa en los siguientes meses.
Para darnos una idea del problema, mientras que entre enero y abril de 2018 el sector público destinó 20.4% del gasto programable al rubro de pensiones y jubilaciones, para el mismo lapso de este año ya representa 25.4%. Este rubro ha crecido mucho y es insostenible, y será peor si aumenta su carga social. De hecho, darle a la CNTE lo que pide llevaría a 34% la proporción del gasto programable gubernamental dedicada a pensiones.
Así que, si hace unas semanas las calificadoras ya tenían dudas sobre la capacidad del gobierno mexicano para controlar el desequilibrio en las finanzas públicas, de ceder a la extorsión de la CNTE se pondría la nota soberana en perspectiva negativa o, peor, la degradarían a “bonos basura” o “deuda con carácter de especulativo”. Eso sería grave, pues muchos capitales extranjeros saldrían en automático del país.
Es tan absurdo lo que pide la CNTE, que sabe que el gobierno no se lo puede dar, que hay que pensar más bien qué hay detrás. ¿Es el inicio de un movimiento de desestabilización orquestado o son sólo maestros que no saben sumar?
CAMBIANDO DE TEMA. Bloomberg ayer publicó una nota reportando que el gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente a los 31 miembros de la OTAN que dejen de usar equipos de la empresa china Huawei en su infraestructura de telecomunicaciones. Esto ya que EU y otros países han señalado que esos equipos son controlados por el gobierno chino y pueden ser usados para espionaje electrónico.
La recomendación de excluir a empresas chinas de la infraestructura de telecomunicaciones ya fue formalizada también por la Comisión Europea, aunque España y Alemania están tratando de que la decisión final quede en cada Estado miembro, pues les preocupan represalias económicas de China.
EU nunca había dado un mensaje tan fuerte a sus socios militares en el sentido de “arrancar” de su infraestructura los equipos de Huawei, utilizar los fondos y subsidios militares para realizar el reemplazo de dichos equipos y, con ello, apoyar a empresas privadas en la sustitución de equipos. ¿Qué estarán viendo?
A México se ha hecho la misma petición desde hace años, pero el acuerdo que se logró con EU al final del sexenio de Peña Nieto y al inicio del de López Obrador —en las juntas de alto nivel que encabezaba el entonces regulador mexicano, el IFT, con el regulador de EU, la FCC—, es que en la frontera norte se evitaría tener equipos de manufactura china en instalaciones de telecomunicaciones que opera el gobierno, pero esto no ha sido verificado.
Hoy las redes gubernamentales de telecomunicaciones —Altán y CFE Telecom—, ambas dando servicios de internet y telefonía móvil, tienen en conjunto 10 mil 300 radio bases. En estas, al menos 90% de los equipos traen componentes de manufactura china, así que es evidente que en este rubro viene otro diferendo con Estados Unidos.
X: @JTejado