Hace casi dos años se empezó a gestar la crisis que ahora tiene en riesgo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los consejeros de la Judicatura, a los magistrados, jueces federales y, en general, todo el Poder Judicial federal, ya sea por la posibilidad de remoción o por una sustancial reducción en sus prestaciones.
Todo empezó con errores de forma y/o de percepción que llevaron a que el Ejecutivo federal dejara de invitar a los integrantes de la Corte a cualquier evento oficial del Estado mexicano. Luego siguieron ataques desde la mañanera a juzgadores, seguidos de acciones legislativas en el Congreso —de mayoría morenista— que eliminaron la prerrogativa postal que para el desarrollo de sus funciones tenían todos los juzgados federales.
En el “cuarto de guerra” de la ministra presidenta Norma Piña rechazaban que hubiera problemas de fondo y pensaban que todo lo podrían manejar institucionalmente y sin mayores afectaciones. Este estatus era compartido por sus principales asesores: Natalia Reyes Heroles, la secretaria general de la Presidencia de la Corte, y los ministros Luis María Aguilar y Juan Luis González Alcántara.
Entonces había tanta soberbia en la Corte que, cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y Coordinador de Morena, Ignacio Mier, visitó institucionalmente sus instalaciones para dialogar sobre su presupuesto, a su llegada, González Alcántara le informó que la ministra presidenta no podría recibirlo, a pesar de tener cita pactada entre titulares de poderes. Luego de que Mier rechazara dialogar con interlocutores de menor jerarquía y amenazara con retirarse, sí apareció la ministra presidenta, pero maltrataron innecesariamente al único líder morenista que les daba trato institucional.
Luego de este desencuentro, desde la Cámara de Diputados se redujo el presupuesto del PJF y, sobre todo, se eliminaron varios de sus fideicomisos (recursos, ahorros, que usaban en programas de compensación, profesionalización y jubilación).
Pero aún con esas “señales”, en la Corte pensaban que podrían resistir sin dialogar con el Legislativo ni el Ejecutivo. Incluso, jugaron un doble juego: dijeron que darían sus fideicomisos para los damnificados del huracán Otis, en Acapulco, para luego acabar promoviendo suspensiones para no reintegrarlos a la Tesorería de la Federación.
En ese ambiente de falta de diálogo iniciaron las campañas electorales. En la Corte estaban optimistas de un triunfo de Xóchitl Gálvez, pero sobre todo apostaban a que la oposición tuviera mayoría en alguna de las Cámaras del Congreso. Nunca imaginaron que Morena y aliados tuvieran prácticamente dos terceras partes del Congreso, con lo que pueden —y todo apunta a que lo harán— reconfigurar al PJF.
En este contexto de errores de cálculo político, da la impresión de que siguen sin aprender la lección, pues lo único que parece organizado son las vendettas personales, en lugar de buscar un diálogo institucional que evite una catástrofe para miles de empleados judiciales y que se genere incertidumbre jurídica en el país.
Ejemplos: en el caso del exministro Arturo Zaldívar, ahora parte del equipo de la virtual Presidenta electa, sigue apostándose a avanzar denuncias prearmadas en su contra. Y en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, cercana a la 4T, han sido aún más burdos: luego de que ella tuviera importantes victorias en tribunales federales en los litigios en torno a la autoría de su tesis, desde la Corte se manipuló manualmente el turno de su expediente para que la revisión del caso, interpuesta por la UNAM, fuera turnada al Quinto Tribunal Colegiado Administrativo en la CDMX, donde los magistrados que ahí trabajan son, curiosamente, excolaboradores de los ministros Aguilar y Piña. Pero, además, desde la Corte han presionado a la UNAM para que pida la “atracción” del tema y sea ésta la que defina los litigios sobre la tesis de la ministra.
Así, por increíble que parezca, en vez de ver por el futuro de miles de sus empleados, están afinando estrategias para dañar a ministros o exministros afines a la 4T, con lo que siguen dinamitando los únicos “puentes” que podrían tener.
Pero, más importante, desaprovechan el tiempo para dar certeza legal en temas importantísimos: no están resolviendo litigios (del “viernes negro”) sobre el respeto a las minorías parlamentarias y el debido proceso legislativo en la elaboración de leyes. Tampoco están resolviendo, ni dejando que otros juzgados lo hagan, el tema de la prisión preventiva oficiosa, que tiene a miles de mexicanos en la cárcel injustamente. Esto a pesar de existir un fallo condenatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Eso sí, en el diferendo entre el juez Rodrigo de la Peza —y su imprudente pretensión de reconfigurar la Sala Superior del Tribunal Electoral—, hubo quienes desde la Corte sugirieron atraer el conflicto competencial. Todo este litigio fue para mejorar las posibilidades de negarle al oficialismo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Por ello la reacción tan virulenta del Presidente y la Secretaría de Gobernación.
Por donde se vea, es una pena lo que está sucediendo. Sólo ha habido una Corte que ha acabado en peor situación: la que reconoció como Presidente de la República al golpista Victoriano Huerta (1913) y cuyos integrantes tuvieron que salir huyendo a la llegada de Venustiano Carranza a la Ciudad de México. Ojalá la mayoría de los ministros —varios admirables— hagan lo correcto en el tiempo que les quede.
