La impunidad con la que opera el crimen organizado ha convertido a México en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. El crimen organizado utiliza en varias partes del país abiertamente la amenaza y la violencia para reprimir y amedrentar a comunicadores que se atreven a ventilar a la opinión pública información que afecta a sus intereses. Como si esto no fuera suficiente, ahora el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (TEEM) ha abierto una vía legal para silenciar periodistas y medios de comunicación, cuando se ventilan asuntos que resultan incómodos a los candidatos.
El pasado 13 de mayo el TEEM emitió una sentencia que instruye al Instituto Electoral de Tamaulipas a emitir medidas cautelares con un doble efecto: por un lado, para que se retire del sitio de internet de EL UNIVERSAL el artículo de Héctor de Mauleón, intitulado “Huachicol y el poder judicial en Tamaulipas”, y, por otro, para que en tanto se resuelva la queja presentada por Tania G. López Contreras, la quejosa y candidata a magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, el periodista y el medio de comunicación se abstengan de publicar cualquier información que la pueda vincular con una supuesta red de tráfico de huachicol en el Estado.
López Contreras se desempeñó hasta hace unas semanas como consejera jurídica del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Renunció al cargo para registrarse como candidata a la magistratura del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En su artículo, De Mauleón señala que documentos de Guacamaya Leaks apuntan a familiares de ella (su cuñado) en supuestas prácticas ilícitas.
Pero no fue tan sólo el ánimo censor ordenado por el TEEM; también desde el INE se prestaron a la jugarreta, pues usaron la base de datos del Registro Federal de Electores, donde están registrados los datos particulares del periodista, para irle a notificar directamente a su domicilio. Eso no debió haber sucedido sin orden judicial federal.
Cada vez es más común que el Registro Federal de Electores dé a autoridades los datos contenidos en las credenciales para votar. Esto ha sucedido para influencers, deportistas y periodistas, por mencionar algunos.
El tema es relevante, pues, en primer lugar, el INE debe resguardar con mayor cuidado los datos que los ciudadanos le entregan para sus credenciales de elector. Segundo, el TEEM se extralimitó al querer sancionar a un medio y a un periodista que, incluso, están fuera de su jurisdicción.
Este asunto, de De Mauleón y EL UNIVERSAL, debe ser apelado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Hasta ahora este tribunal ha respaldado la libertad de expresión. En uno de sus casos más icónicos, defendió la libertad de la periodista Denise Dresser cuando la intentó censurar la senadora Andrea Chávez. Siempre es mejor que las ideas fluyan a que sean suprimidas por las autoridades.
El tema que hoy enfrenta EL UNIVERSAL, estoy seguro, eventualmente será resuelto positivamente en el TEPJF. Pero la duda es con qué ánimo van a llegar los miles de juzgadores que vamos a elegir el próximo 1 de junio. Hasta ahora, gracias a la Suprema Corte y al TEPJF, los criterios en México en cuanto a la protección del trabajo periodístico han sido bastante claros y amplios. Otro caso emblemático para el umbral de protección fue el de La Jornada contra Letras Libres. En México, hasta hoy, solamente están penados los excesos y/o la mala fe (real malicia) en el trabajo periodístico.
Ojalá pronto haya una decisión del TEPJF sobre este caso y sea un asunto aislado de censura. Sinceramente, esperemos que no vaya a iniciar una época de regresión en contra de la libertad de expresión en México.
X: @JTejado
