Durante los últimos días se ha intensificado un debate tan urgente como crítico: ¿qué hacer frente a las elecciones judiciales? Varias voces, con razones perfectamente atendibles, han llamado a no participar. Su argumento es claro: hacerlo equivaldría a convalidar una reforma que no persigue otro objetivo que purgar, capturar y debilitar a los poderes judiciales. Pero también hay quienes, sin caer en ingenuidades, han defendido la necesidad de dar la batalla y de intentar incidir —aunque sea mínimamente— en la definición de quienes, con toda seguridad, ocuparán la mayoría de los cargos judiciales del país.
En este contexto, celebro y me entusiasma que un grupo de personas —entre ellas, algunas a quienes admiro profundamente— haya promovido el manifiesto “Observar para mantener la independencia judicial”. Como sugiere su título, se trata de una convocatoria a vigilar el proceso electoral. Pero también es, en mi opinión, una vía para construir un acuerdo mínimo entre quienes estamos genuinamente preocupados por el futuro de nuestra democracia constitucional.
Vale la pena subrayarlo: no hay ni una pizca de ingenuidad en este documento. Se reconoce que estas elecciones judiciales “están siendo organizadas sin cumplir con los estándares democráticos más básicos” y que todo el proceso ha avanzado gracias al “inconstitucional desacato hacia múltiples resoluciones judiciales”. También se denuncian algunas de las peores aberraciones cometidas, como el hecho de que el Senado “usurpó” las candidaturas que correspondían al Poder Judicial y “ordenó a un dócil Instituto Nacional Electoral (INE) la indebida inclusión de los nombres en las boletas”.
Lo digo con toda sinceridad: el manifiesto logra, en apenas dos páginas, sintetizar de forma ejemplar las múltiples irregularidades del proceso electoral. Es una muestra de que la lucidez y el rigor no están peleados con la brevedad y la previsión. Como dice el refrán: “lo bueno, si breve, dos veces bueno”. Y este documento es muy bueno y extraordinariamente breve. A veces, dos páginas bastan para desnudar lo que la propaganda oficialista intenta ocultar a toda costa.
Pero más allá de su certero diagnóstico, lo que vuelve aún más valioso al documento es su propuesta concreta. Así lo dicen los promoventes del documento: “llamamos a la ciudadanía mexicana a que exprese su repudio a la llamada reforma judicial, participando como observadora independiente y recabando evidencia de que el proceso electoral se halla viciado por origen y desempeño”. Frente al cinismo y la cerrazón del poder, la vigilancia y la documentación ciudadana.
Y lo mejor es que este manifiesto no exige uniformidad. Es perfectamente compatible con votar, no votar o anular el voto. Así lo dice, sin ambigüedad, el propio documento: “La abstención electoral, el voto libre e informado por los contados perfiles que reivindiquen la autonomía judiciaria o la anulación de los votos con mensajes de protesta en las boletas enviará, aunque no lo confiese la autoridad electoral ni dé cuenta de ello, el claro mensaje de que el pueblo de México defiende sus instituciones y el equilibrio entre ellas.”.
Ese debería ser el piso común en las elecciones judiciales: vigilar las elecciones judiciales. Más allá de la decisión individual de acudir o no a las urnas, hay algo que debe quedar claro: lo que está en juego no es sólo quién ocupará los cargos judiciales federales y locales —que ya es muchísimo—, sino el destino mismo de nuestra democracia. Si dejamos de cuidar que los votos se cuenten y se cuenten bien, quizá pronto solo podamos hablar de la democracia mexicana en tiempo pasado. Y es que, como nos muestra la experiencia de tantos países, las democracias muchas veces ya no se pierden de golpe, sino a pedazos —y este podría ser el más grande—.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes
