El Observatorio Judicial Electoral publicará un documento que revela lo que las autoridades electorales pretenden ocultar: hubo violaciones sistemáticas al voto libre y auténtico
A estas alturas, ya es evidente una de las estrategias centrales del autoritarismo de la Cuarta Transformación: crear problemas, culpar a otros y usar el problema como pretexto para seguir destruyendo la democracia. La presidenta Sheinbaum ha seguido ese guión con disciplina. Un ejemplo revelador: una de las razones —no la única, pero sí importante— que explica el fracaso de la elección judicial es que faltó dinero. Al Instituto Nacional Electoral (INE) ni siquiera se le otorgó el presupuesto mínimo indispensable: hubo pocas casillas, una difusión raquítica y una capacitación apresurada. La responsabilidad es enteramente de Morena: simple y sencillamente no quiso aprobar los recursos. Y ahora Morena y Sheinbaum utilizan un problema que ellos mismos fabricaron para culpar al INE y justificar una nueva reforma electoral. Según la presidenta, es inaceptable que las elecciones hayan costado lo que costaron —y costaron lo que quiso Morena—.
Por eso, más allá de las mentiras del oficialismo, urge una evaluación objetiva de lo que realmente ocurrió en las elecciones judiciales. No sólo porque, como sociedad, merecemos saber qué pasó. No sólo porque, si algún día aspiramos a reconstruir, necesitaremos datos objetivos. También porque los errores de Morena servirán como coartada para profundizar la transición autocrática. Necesitamos diagnósticos claros, datos duros y documentos sólidos.
En ese contexto, celebro que el próximo 17 de julio se presentará el informe final del Observatorio Judicial Electoral. El Observatorio es fruto del trabajo colectivo de organizaciones de la sociedad civil —Di-Sentir, Laboratorio Electoral, México Evalúa y Práctica: Laboratorio para la Democracia— que publicaron 14 informes previos. En conjunto, puedo decirlo sin exagerar: el Observatorio es el esfuerzo más serio que se ha hecho hasta ahora para documentar, con rigor técnico y analítico, las múltiples aberraciones de la elección judicial. Tuve el gusto de revisar y prologar el informe final. Y lo digo con todas sus letras: es un documento indispensable para entender el presente y defender el futuro.
Sintetizo aquí cinco de sus hallazgos más relevantes:
Primero, la selección de candidaturas siguió una lógica abiertamente partidista. No sorprende, por eso, que incluso un miembro del comité del poder legislativo —que decidía quién aparecía o no en las boletas— “recientemente había fungido como representante de Morena ante un Organismo Público Local Electoral y que se postuló para un cargo judicial local en este mismo proceso”. Literalmente, el seleccionador de candidaturas federales, de pasadita, se anotó para una candidatura local.
Segundo, los comités de selección del oficialismo ni siquiera pudieron cumplir tareas elementales como verificar si las personas candidatas cumplían con los requisitos legales. El resultado es vergonzoso: el INE invalidó la elección de 45 personas que ya habían resultado ganadoras. Como concluye el informe, eso “evidencia que el trabajo de los comités careció de rigor”.
Tercero, la elección rompió con un principio tan elemental como la igualdad del voto. Los genios que diseñaron la reforma nunca entendieron ni el sistema electoral ni el sistema judicial. El diseño de los distritos judiciales fue un desastre: la mayoría de las personas candidatas no pudieron votar por sí mismas y hubo diferencias brutales en el número de electores para cargos similares. Como apunta el informe, la distritación “no atendió a la población residente, sino a los cargos que se elegían en cada Distrito, rompiendo el paradigma del equilibrio poblacional”.
Cuarto, el diseño de las boletas fue tan deficiente que generó inequidad estructural. En su momento, el Observatorio advirtió que las boletas distorsionarían la contienda. Y tuvo razón. Según sus estimaciones, de las 133 personas que tenían altísimas probabilidades de ganar por el solo diseño de la boleta, 108 efectivamente resultaron ganadoras. Del otro lado, de las 304 personas con bajísimas probabilidades, 275 perdieron. Las boletas, además de confundir, terminaron determinando a ganadores y perdedores.
Quinto, hubo violaciones graves a las reglas de propaganda… y el INE no ha hecho nada. El informe documenta que 394 personas candidatas fueron beneficiadas con anuncios ilícitos que fueron pagados en redes sociales, con una inversión estimada de entre 2.2 y 3.1 millones de pesos. El INE pidió al Observatorio que entregara la información. Lo hizo. Pero nada ha pasado. Porque, como hemos dicho, este INE salió muy bueno para acosar periodistas y organizaciones, pero muy malo para investigar ilegalidades y acordeones.
La conclusión del informe es brutal: el proceso electoral “fue una elección carente de autenticidad, operada desde el poder a partir de la violación sistemática, grave y determinante de los principios constitucionales de certeza, legalidad, equidad y libertad del sufragio”. En condiciones mínimamente democráticas, hoy estaríamos discutiendo su anulación. De hecho, cinco de once consejeros del INE votaron por no validarlas. Y hay impugnaciones en curso. Pero ya sabemos lo que va a pasar: el Tribunal Electoral (TEPJF) desechará muchas con argumentos ridículos. Y en las que sí entre al fondo, desestimará todo. Capaz que, en modo totalmente obradorista, nos dicen que fueron “las elecciones más democráticas del mundo”. Como le gustaría a la presidenta Sheinbaum.
Por eso, ante la descomposición de las instituciones electorales, quizá no quede más remedio que seguir presionando, documentando y denunciando desde fuera. Porque el día que se escriba la historia de la transición autocrática, habrá que señalar con nombre y apellido a los responsables. Porque algún día, para salir de la ruina, necesitaremos diagnósticos sólidos. En este mar de ilegalidades y arbitrariedades, el informe del Observatorio es una bocanada de seriedad y rigor.
Seguramente los juicios de inconformidad no prosperarán. Pero queda el juicio más importante: el de la historia que se escriba en clave democrática.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
