La Sala Superior dejó de ser tribunal y se convirtió en secretaría jurídica de Morena.
Para las y los exintegrantes del comité judicial, con admiración y respeto.
A estas alturas, a nadie debe sorprender que la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) dicte sentencias jurídicamente insostenibles, pero políticamente convenientes. Esa ha sido la historia de su actual integración (2016 a la fecha), una en la que los supuestos guardianes de la constitucionalidad se han convertido en siervos del poder en turno. El último episodio, relacionado con la determinación de las candidaturas para la elección judicial, no es solo un capítulo más de esta lamentable trama, sino una muestra del sistema de justicia que está construyendo la Cuarta Transformación.
Comencemos con algo elemental pero fundamental. La reforma judicial aprobada por Morena y aliados establece un sistema en el que cada uno de los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) tiene el mismo peso en la postulación de candidaturas a cargos judiciales. Para la elección de ministras y ministros de la Corte, por ejemplo, cada poder integrará un comité de evaluación propio, y cada uno de estos comités deberá conformar “un listado de las diez personas mejor evaluadas”. Así lo establece el artículo 96 de la Constitución.
Desde el inicio, la integración y el funcionamiento de los tres comités han sido profundamente desiguales. Mientras que la presidenta Sheinbaum y la mayoría morenista en el Poder Legislativo optaron por conformar comités dominados por perfiles partidistas o de dudosa reputación y formación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso el ejemplo al designar un comité integrado por tres personas de carrera judicial, un representante del colegio de abogados más grande del país y una académica de reconocido prestigio. Morena llenó sus comités de leales; la Corte, de juristas.
No sorprende, por tanto, que fuera precisamente el comité del Poder Judicial el que hiciera mejor las cosas. Este comité fue el único que actuó con seriedad, transparencia y legalidad. Se tomó en serio el cumplimiento de los requisitos y estableció que toda persona aspirante debía pasar un examen para evaluar su idoneidad para el cargo. Los otros dos comités, en cambio, se distinguieron por su desorganización, su opacidad y su desprecio por la función judicial. Aunque parezca increíble, el comité del Ejecutivo y el del Legislativo ni siquiera establecieron un examen para definir a las candidaturas. Eso sí, siguieron el lema obradorista según el cual basta con un 10 % de capacidad si se cumple con el 90 % de lealtad. Y es que, a estas alturas, queda claro que en la Cuarta Transformación la idoneidad se mide con la cercanía partidista y no con evaluaciones imparciales.
Sucede, sin embargo, que el comité judicial se vio obligado a interrumpir su trabajo. No fue, por supuesto, una decisión unilateral. Lo hicieron porque así se los ordenó una autoridad judicial. El comité judicial no se rebeló; acató un mandato judicial. ¿Es tan difícil de entender? No discuto aquí los méritos jurídicos de esta (por demás cuestionable) determinación. Simplemente enfatizo que sus integrantes, en lo inmediato, no tenían una alternativa jurídicamente viable más allá de acatar. Por supuesto, esta y otras suspensiones podían y pueden ser impugnadas a través de los recursos de queja y revisión que contempla la propia Ley de Amparo. Ese era el camino para combatir las suspensiones.
Pero lo que sucedió fue otra cosa. En una serie de resoluciones plagadas de aberraciones jurídicas, la Sala Superior decidió convertirse en una suerte de Supremo Poder Transformador. Sin tener facultades para revisar actos realizados en cumplimiento de una sentencia de amparo, una mayoría de magistradas y magistrados decidió revocar el acuerdo del comité judicial. Además de amenazar con denuncias penales y multas, los magistrados dejaron a los integrantes del comité entre la espada y la pared: si cumplían con la sentencia electoral, violaban las suspensiones de amparo; si acataban las suspensiones, incumplían la decisión del Tribunal Electoral. La Sala Superior intentó convertir al comité judicial en el chivo expiatorio de su servilismo.
Por si lo anterior no fuera suficientemente grave, esta semana la Sala Superior se superó a sí misma. Tratando de demostrar que son más morenistas que los propios políticos de Morena, una mayoría de magistrados votó a favor de lo que parece una auténtica locura: determinar que la definición de las candidaturas de la lista del Poder Judicial ya no estaría en manos de la judicatura, sino en el Senado, y que la selección de candidaturas ya no pasaría por una evaluación, como marca la Constitución, sino por un sorteo, por la tómbola judicial. En este escenario, la renuncia de los integrantes del comité judicial fue, simple y sencillamente, un acto de dignidad y sensatez.
Pero más allá de lo bochornoso de este episodio, la actuación de la Sala Superior deja claro el tipo de justicia que está construyendo la Cuarta Transformación: una donde los jueces no sirven a la Constitución, sino al poder; donde la lealtad pesa más que la legalidad y donde el derecho se subordina a la política. Lo que busca el obradorismo no son tribunales de justicia, sino tribunales a su servicio. Tribunales del bienestar; tribunales como la Sala Superior.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker.
X: @jmartinreyes.
