La elección judicial fue un fracaso democrático pero un triunfo autoritario: la Suprema Corte ya es de Morena
La participación fue raquítica: un 13% que derrumba el mito de que este disparate fue fervorosamente exigido por los 35 millones de votantes de Sheinbaum. Ni siquiera los obradoristas se molestaron en acudir a las urnas para legitimar la reforma más importante de López Obrador Aunque la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, insista en compararla con la “consulta de expresidentes” que tuvo un 7% de participación, hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. En aquella consulta no había nada en juego. Aquí estaba en disputa la conformación de un poder federal. Y en la integración de los poderes federales, la participación suele oscilar entre el 40% de las legislativas intermedias y el 60% de las concurrentes con la elección presidencial. El 13% es un fiasco.
Pero, bien vista, la reforma logró clara y contundentemente su finalidad: capturar políticamente a la judicatura. Al menos en el caso de la Suprema Corte, ese objetivo se cumplió al cien por ciento —y no: no es ninguna exageración—. Hace unas semanas, en las páginas de El Universal, Mario Maldonado publicó el “acordeón” oficial: la lista de nombres que serían apoyados por el oficialismo. Muchos dudaron; otros incluso se burlaron. Dijeron que los buenos eran otros; que era imposible que Morena definiera totalmente el resultado. Se equivocaron.
El acordeón se hizo votación gracias al milagro de la movilización y el acarreo. Todos y cada uno —repito, todos y cada uno— de los nombres que Maldonado publicó hoy figuran entre los ganadores de las elecciones para la Suprema Corte. Todos y cada uno —sin excepción— aparecen en las listas del Ejecutivo. Y en el caso de los hombres es más burda la simulación: los ganadores sólo fueron postulados por el Ejecutivo. Sólo por el Ejecutivo y nadie más. Claudia Sheinbaum se llevó el carro completo. Porfirio Díaz estaría orgulloso.
Se ha concretado, sin lugar a dudas, la obradorización de la Suprema Corte. Y aunque hay cierta variedad de perfiles, lo cierto es que difícilmente la Corte será un contrapeso en el corto plazo. Hay nombres que han sido, son y seguirán siendo obradoristas. Nadie necesita convencer a Lenia Batres de votar a favor de los intereses de la nueva hegemonía partidista: ella es parte de ese movimiento. Algunos creen que perfiles como Hugo Aguilar Ortiz —una persona indígena, cercana al movimiento zapatista— podrían dar la sorpresa. Creo que se equivocan: aunque es innegable que aportará una mirada diversa a la justicia, Aguilar es igualmente cercano a Morena y a López Obrador. La diversidad no garantiza, por sí sola, independencia.
Y en el caso de los perfiles que podrían ser más independientes —pienso, por ejemplo, en un académico como Giovanni Figueroa Mejía— lo cierto es que lo tendrán muy difícil, si no es que francamente imposible. Primero, porque estarán en franca minoría, si es que eventualmente se asumen como perfiles independientes. Podrían ser, en el mejor de los casos, voces disidentes, como Janine Otálora o Reyes Rodríguez en la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF). Pero quizá ni eso: porque sabrán que su llegada a la Corte no se la deben al voto libre e informado, sino a la movilización de Morena y sus aliados. E incluso si tienen la arrogancia de sentirse libres, ahí estarán siempre las amenazas: la de una reforma constitucional, la de un juicio político, la de un desafuero. Porque eso —ni más ni menos— es lo que buscaba la reforma: capturar desde la postulación, seguir luego en la elección y cerrar finalmente en el ejercicio del cargo.
Lo peor es que las consecuencias pueden ser brutales. Esta nueva Corte podría reescribir radicalmente la jurisprudencia que ha protegido los derechos humanos, la separación de poderes y el federalismo. Y no lo digo al aire: en un artículo que publiqué recientemente en la Revista Internacional de Derecho Constitucional (International Journal of Constitutional Law) con mi colega Andrea Pozas, mostramos cómo la llegada de perfiles radicales —como Batres, Esquivel e incluso Ortiz— puede echar por tierra precedentes importantísimos, como los que exigen que al aprobar leyes el Congreso respete el derecho de participación de las minorías. Hoy esa jurisprudencia está prácticamente muerta, gracias a las ministras obradoristas. Y así podría pasar con todo.
Asistimos, pues, a una auténtica refundación de nuestro tribunal constitucional. Un tribunal que, por diseño y conformación, será más dócil ante el poder; poblado, en su mayoría, por personas que privilegian la lealtad política sobre la razón jurídica; rodeado de un contexto político donde las amenazas no descansarán ni un solo día; y que, en su deriva, podría dinamitar décadas de conquistas: derechos, libertades y contrapesos. En eso consiste la obradorización de la judicatura.
La única duda que queda es si esta embestida se detendrá en las altas cortes o si veremos la captura total de la justicia en todos sus niveles. En pocos días lo sabremos. Y entonces sabremos también qué clase de justicia nos tocará vivir: al menos algunos años, tal vez una generación, o quizá —para nuestra desgracia— el resto de nuestras vidas.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
