Hay quienes sostienen que la mejor reforma electoral es que no haya reforma electoral. La lógica es comprensible: en el contexto actual, lo más probable es que la presidenta Sheinbaum impulse una propuesta fiel al obradorismo. Quizá más o menos regresiva, pero regresiva al final. Bajo esa premisa, mejor no mover nada. Entiendo y respeto esa posición. Pero creo que es un error grave, tanto estratégico como de fondo.
Empecemos por lo estratégico: la ciudadanía sí quiere una reforma electoral. Encuestas serias, como las de Buendía y Márquez, muestran que cerca de ocho de cada diez personas (78%) están a favor de una reforma electoral y apenas 15% se opone. Defender una postura de rechazo absoluto a cualquier reforma es, simple y llanamente, la receta perfecta para perder antes de que empiece el partido.
Pero la razón más urgente es de fondo: el statu quo es inaceptable. México ya se encuentra inmerso en un proceso de regresión autocrática que no se detendrá solo porque no haya reforma electoral.
Veamos la representación. Eliminar la representación proporcional sería un retroceso. Pero incluso sin reforma electoral, la situación actual es mala y puede empeorar. Con los criterios vigentes del INE y el Tribunal Electoral (TEPJF), Morena y sus aliados lograron una sobrerrepresentación escandalosa: con poco más de la mitad de los votos obtuvieron casi tres cuartas partes de la Cámara de Diputados. Mientras ese criterio no se corrija, aun sin reforma, el oficialismo puede conservar la llave de la mayoría calificada y abrir las puertas de la reforma constitucional, los juicios políticos, los nombramientos o los desafueros.
Pasemos a la autonomía de los árbitros. Sería desastroso purgar al INE, destruir a institutos y tribunales locales y elegir a todas las autoridades electorales por voto popular. Pero, aun sin reforma, el oficialismo ya ha avanzado mucho en la captura institucional. Controla a la mayoría del Tribunal Electoral, cuyos integrantes fueron burdamente sobornados con una extensión de mandato. En el INE cuenta con consejeras y consejeros afines y, en abril, podrá nombrar a tres más, tras el retiro de Claudia Zavala, Diana Ravel y Jaime Rivera, algunos de los perfiles más sólidos del instituto. En los estados el panorama es desigual, pero el resultado es el mismo: incluso sin reforma, el margen de control del oficialismo seguirá ampliándose.
Finalmente, vamos al financiamiento. Reducir el financiamiento público sería regresivo. Pero tampoco aquí el statu quo es defendible. Hoy vivimos una simulación grosera. Un estudio (Casar y Ugalde) estima que por cada peso reportado oficialmente en campañas hay hasta quince pesos de dinero ilegal, provenientes de corrupción empresarial, desvíos de recursos públicos o incluso del crimen organizado. Esa distorsión persistirá aunque no haya reforma electoral, y su principal beneficiario seguirá siendo el oficialismo.
Digámoslo fuerte y claro: urge una reforma electoral. Una reforma que corrija la sobrerrepresentación, que restituya y fortalezca la autonomía de los árbitros y que combata de verdad la corrupción y la simulación en el financiamiento de la política. Hay que rechazar las iniciativas regresivas, sí. Pero también hay que entender algo esencial: en el contexto actual, que no haya reforma electoral es permitir que la regresión autocrática continúe sin resistencia.
Javier Martín Reyes. Investigador en el II-UNAM y en el Instituto Baker. X: @jmartinreyes.