Los derechos humanos no son fichas de negociación
En su discurso ante el Congreso de Estados Unidos, y con su característico cinismo, Donald Trump se jactó de que México le había entregado a 29 mexicanos. “Hace cinco noches, las autoridades mexicanas, debido a las políticas arancelarias que les estamos imponiendo […] nos entregaron a 29 de los principales líderes de los cárteles en su país. Eso nunca había sucedido antes. Quieren hacernos felices. Primera vez en la historia.”
En los días previos, se especulaba si la entrega de estos 29 individuos era un intento desesperado del gobierno mexicano para evitar la imposición de aranceles por parte de la administración de Trump. Después del discurso, y con la confirmación de Trump de que efectivamente se trató de una concesión en esa negociación, el debate cambió. Ahora la pregunta es si la estrategia fue efectiva. La respuesta es evidente: no lo fue —por lo menos en este momento—. En el mismo discurso, Trump dejó claro que los aranceles siguen en pie.
Pero más allá del cálculo político, lo que en realidad debería preocuparnos es otra cosa: el altísimo costo constitucional de esta decisión. La Constitución, los tratados internacionales y la ley establecen protecciones claras para cualquier persona que sea extraditada. El artículo 119 constitucional es tajante: la extradición debe contar con la intervención de la autoridad judicial y seguir los procedimientos que establecen la propia Constitución, los tratados y las leyes reglamentarias.
Desde hace cinco décadas, México y Estados Unidos tienen un tratado de extradición que establece una serie de garantías. Por ejemplo, señala el tipo de delitos por los que una persona puede ser extraditada (art. 2), establece las pruebas necesarias (art. 3), prohíbe la extradición cuando la acción penal haya prescrito (art. 7) y garantiza que la persona extraditada no será condenada a pena de muerte (art. 8).
Las normas que regulan la extradición no son una cortesía ni un obstáculo burocrático. Todo lo contrario: son la garantía de que el Estado no puede deshacerse de personas a su antojo. Y esto es crucial, porque lo que está en juego no es solo la libertad, sino incluso la vida de quienes son entregados. No importa qué tan graves sean los delitos que se les imputan; todos, sin excepción, tienen derecho a un debido proceso. Si el gobierno puede saltarse estas reglas cuando le conviene políticamente, hablar de Estado de Derecho en México es poco más que una broma de mal gusto.
Por eso es escandaloso el argumento con el que Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, intentó justificar la entrega de estos 29 mexicanos sin seguir los procedimientos legales. En una maroma jurídica que es una burla a la inteligencia, el fiscal dijo que no se trató de una “extradición”, sino de una “entrega”. Y como si eso no fuera suficiente, aseguró que el fundamento de esta extradición-que-no-es-extradición era el artículo 89 de la Constitución, que obliga a la presidencia de la República a “preservar la seguridad nacional”, y el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que define las amenazas en la materia.
Hay que decirlo sin rodeos: ninguno de estos artículos permite que la presidenta Sheinbaum o el fiscal Gertz eludan las normas que regulan la extradición. Lo que hizo el gobierno fue una violación flagrante a la Constitución y un precedente peligrosísimo. Si hoy el gobierno puede entregar a 29 personas bajo el pretexto de la seguridad nacional, ¿qué impedirá que mañana haga lo mismo con opositores, activistas o periodistas? ¿Qué nos garantiza que no se usen los mismos argumentos para justificar detenciones arbitrarias, incomunicaciones ilegales o incluso budas torturas, alegando que son “retenciones”, “desconexiones” o “inducciones”?
No hemos dimensionado la gravedad de lo ocurrido. Es comprensible que la discusión pública haya estado dominada por la posible imposición de aranceles. También se entiende que algunos personajes sin escrúpulos intenten justificar lo injustificable con la esperanza de obtener un cargo judicial. Lo que no se entiende es que, en general, no estemos viendo el altísimo costo de sacrificar las garantías más básicas con tal de hacer feliz a Trump.
Funcionen o no como moneda de cambio, estas medidas son simple y sencillamente inaceptables.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
