El plan era adueñarse del poder judicial, pero la incompetencia de Morena terminó subastándolo al mejor postor
Durante los últimos días ha estado en el centro del debate algo que era público y notorio, pero que los dos comités de evaluación —controlados por Morena, tanto el de la presidenta Claudia Sheinbaum como el del Poder Legislativo— no supieron o no quisieron ver: que varias de las personas que evaluaron, palomearon y seleccionaron son, simple y sencillamente, inaceptables. Algunos presuntamente tienen vínculos con el crimen organizado; otros están acusados de graves delitos, o bien, pertenecen a organizaciones profundamente cuestionables, por decirlo amablemente.
La reacción del oficialismo encendiendo las alarmas sería cómica, si no fuera trágica. Porque en muchos casos lo que están haciendo es fingir sorpresa ante los mismos candidatos que ellos mismos eligieron. No son los candidatos, sino sus candidatos. Si están en la boleta es porque así lo decidieron los comités de la presidenta Sheinbaum, del Senado, de la Cámara de Diputados, o bien, porque salieron de la tómbola inventada por Fernández Noroña, con la complicidad del Tribunal Electoral (TEPJF).
Los comités de evaluación no hicieron su trabajo. Fueron organizaciones de la sociedad civil —como Defensorxs, Práctica o Laboratorio Electoral— las que, con valentía y rigor, documentaron información que, en muchos casos, estaba al alcance de una simple búsqueda en Google. Mientras tanto, el obradorismo ya no sabe ni qué inventar. Sólo falta que pidan auxilio al próximo Papa para que los ayude a salir del hoyo en el que ellos mismos nos metieron. Hay que repetirlo con toda claridad: esta fue la reforma propuesta, aprobada e implementada por Morena. Y ahora quieren deslindarse como si fueran ajenos al desastre. Parece que el oficialismo ya no está tan contento con el cochinero que el oficialismo fabricó.
Pero ese ligero desánimo en algunos sectores más sensatos contrasta con el júbilo que, con toda probabilidad, reina en el crimen organizado. Porque la mal llamada reforma judicial ha sido un regalo envuelto para los intereses criminales más diversos. Quienes han hecho del crimen su forma de vida tienen un interés directo en cómo funciona el sistema de justicia, especialmente en materia penal: de ello depende su libertad, su patrimonio y sus negocios. De ellos y de sus familias. Y ahora tienen, como nunca antes, la oportunidad de construir un poder judicial a modo.
Por supuesto, el crimen organizado siempre ha tenido formas de incidir en la justicia: mediante sobornos, amenazas o pactos de impunidad. Pero esta reforma judicial les abre oportunidades inéditas. Quizá sea la tumba de la independencia judicial, pero sin duda puede convertirse en uno de los mejores negocios para el crimen organizado.
Los grandes cárteles de la droga —y cualquier empresa criminal— tendrán ahora la posibilidad de financiar las campañas de las y los candidatos judiciales. Y todo porque los genios que redactaron la reforma pensaron que era una gran idea prohibir, a nivel constitucional, tanto el financiamiento público como el privado. En realidad, lo que hicieron fue prohibir las fuentes lícitas de financiamiento. Porque en México, como en cualquier democracia, para que haya elecciones debe haber campañas, y para que haya campañas debe haber dinero —venga de donde venga—.
Los artífices de la reforma judicial crearon, sin quererlo o sin entenderlo, un mercado negro. Una subasta de jueces. En ese mercado, al crimen organizado le puede salir baratísimo financiar a todos —o casi todos— los candidatos a los cargos que les interesan. Especialmente a las juezas y jueces penales. ¿Qué mejor forma de asegurar sentencias favorables que apoyar, desde la campaña, a quienes habrán de decidir si se les investiga o no, si se les vincula a proceso o no, si se les condena o no?
Sí: el crimen organizado debe estar feliz con la reforma judicial. Porque aunque López Obrador impulsó esta reforma con la intención de purgar, capturar y debilitar al Poder Judicial, la falta de competencia técnica del obradorismo tuvo —y seguirá teniendo— consecuencias profundas. Cuando el autoritarismo populista se mezcla con la ignorancia jurídica, se producen bodrios constitucionales como el que estamos viviendo.
Por eso, quizá, deberíamos empezar a hablar sin rodeos de la nueva institución que, con su torpeza, podría estar construyendo el obradorismo: el Poder Criminal de la Federación.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
