Los “otros datos” de la Nueva Corte

A veces parece que la Suprema Corte, más que la casa de la justicia y del Derecho, es la sede de la incoherencia y la mentira. El lunes pasado, en un evento para conmemorar “1 año de Justicia real y verdadera” (sic), Hugo Aguilar, presidente de la nueva Corte, arremetió contra el pasado. Entre otras cosas, afirmó que la información que difundía la vieja Corte no era exacta. Y, acto seguido, remató: “Por esta razón, suspendimos la difusión de la estadística hasta mejorar el sistema".

Las afirmaciones del presidente de la Corte son, a la vez, un despropósito y una irresponsabilidad. Son un despropósito, porque es insostenible que el mejor remedio contra unos datos supuestamente inexactos consista en deshacerse de todo dato. Contra una supuesta imprecisión, una opacidad absoluta.

Y son una irresponsabilidad, porque difundir la información más elemental sobre el desempeño del máximo tribunal del país (cuántos asuntos recibe, cuántos resuelve, cómo los resuelve) no es algo que pueda depender del ánimo o del gusto del presidente en turno. Es, en realidad, una obligación constitucional. Suspender la difusión de la estadística judicial es una violación flagrante del derecho de acceso a la información pública; que esa violación ocurra precisamente en nuestro tribunal constitucional es tan paradójico como grave.

Por fortuna (o no tanta), la Presidencia de la Corte rectificó (o intentó rectificar). Después de que sus declaraciones generaron las más variadas críticas, en un tuit publicado dos días después de su discurso, el presidente Aguilar anunció que la estadística judicial revivía a través de un nuevo sistema (disponible aquí: https://bit.ly/EstadisticaSCJN).

Confieso que, a primera vista, me pareció una buena noticia. Aunque no reconocía el error de la suspensión, parecía que la Corte corregía el rumbo. Más aún, por un instante pensé que el nuevo sistema tendría todas aquellas virtudes cuya ausencia Aguilar había reprochado vehementemente a los “inexactos” sistemas de la vieja Corte. Cuánto me equivoqué.

En su tuit, Aguilar afirmó que “[d]urante años, la Suprema Corte no pudo responder preguntas básicas con precisión: ¿cuántos asuntos tiene? ¿cuánto tarda en resolverlos?”. Sucede, sin embargo, que el flamante portal no permite responder las filosas preguntas del presidente. De entrada, no hay un solo dato sobre los tiempos de resolución de la Corte. Ni uno. No sabemos, por tanto, cuánto tarda en resolver sus asuntos.

Peor aún, el portal contradice a sí mismo respecto de cuántos asuntos recibió la nueva Corte. Según su encabezado, ingresaron 15,051 asuntos jurisdiccionales, cifra que incluye 1,479 pendientes heredados de la Corte anterior. Por aritmética elemental, la nueva Corte recibió entonces 13,572 asuntos nuevos. Pero cuando el mismo portal desglosa, mes por mes, los asuntos “recibidos durante el mes”, la suma da 15,051 (y no 13,572), como si los heredados hubieran desaparecido por arte de magia. Y no pueden estar escondidos en la cifra de septiembre de 2025, el mes en que la nueva Corte inició funciones, porque ese mes reporta apenas 1,165 ingresos (esto es, menos que los 1,479 heredados).

Una de dos: o la Corte inventó una nueva forma de sumar y restar, o los datos del presidente Aguilar simplemente no cuadran.

La lista de limitaciones y contradicciones es extensa. Aguilar se quejó de que la vieja Corte difundía "datos aproximados", pero su nuevo portal advierte que "es posible que se presenten variaciones en las cifras reportadas".

Aguilar se quejó de que la estadística de la vieja Corte "se apartaba de las mejores prácticas en la materia". Pero su nuevo sistema incumple los principios más elementales de esas prácticas: publicar datos abiertos (en el portal no hay ni un mísero archivo de Excel); presentar la información con la mayor desagregación posible (no se reporta algo tan básico como el tipo de asuntos que resuelve la Corte o el sentido de sus resoluciones); explicar la metodología (hay apenas unas definiciones escuetas, pero ningún documento que dé cuenta de los cambios que Aguilar dice haber introducido); y ofrecer cifras coherentes y comparables (no hay datos del pasado con los cuales comparar y, como hemos visto, las cifras del presente no cuadran).

El nuevo portal es francamente malo y, peor aún, ofrece menos información que los datos del pasado. La vieja Corte desglosaba por tipo de asunto, indicaba cómo se resolvían los casos, presentaba información comparable con años anteriores y, en algunos tipos de asunto, incluso hacía pública la base de datos.

En algo tiene razón el presidente Aguilar: la Corte se ha transformado. Pero se ha transformado para mal. En materia de estadística judicial, primero escondieron los datos y luego aparecieron los “otros datos”, que resultaron peores que los viejos. Así, con datos contradictorios y no verificables, la nueva Corte celebra un año de justicia “real y verdadera”.

Javier Martín Reyes. Investigador en el IIJ-UNAM y en el Instituto Baker. X: @jmartinreyes.

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