Seamos sinceros: hoy es imposible conocer el contenido exacto de la iniciativa de reforma electoral que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero que aún no conozcamos sus detalles no significa que no podamos anticipar su inspiración y su lógica. No seamos ingenuos: todo apunta a una reforma concebida para inclinar la cancha, someter aún más a los árbitros y redactar reglas del juego a la medida de los intereses de Morena.
La pregunta, entonces, no es si la reforma electoral de Sheinbaum será regresiva. La verdadera pregunta es de qué tamaño será la regresión.
Propongo aquí cinco indicadores para evaluar la magnitud del retroceso que viene. Si se materializa cualquiera de ellos, estaríamos frente a un retroceso claro y profundo, que limitaría de manera muy significativa la confiabilidad de las elecciones y las condiciones de la competencia. En general, estaríamos ante una franca regresión:
- Si la nueva fórmula para integrar el Congreso genera una mayor sobrerrepresentación que la interpretación vigente.
En México, no todos los votos valen lo mismo. Gracias al fraude a la Constitución de la sobrerrepresentación —avalado por el INE y el Tribunal Electoral (TEPJF)—, con poco más de la mitad de los votos, Morena y sus aliados se quedaron con el 73% de la Cámara de Diputados. Los niveles de sobrerrepresentación que produce la interpretación actual del modelo son, simple y llanamente, escandalosos. Si la presidenta Sheinbaum pone sobre la mesa una fórmula que profundice aún más esa distorsión, estaríamos ante una evidente regresión.
- Si la reforma plantea la destitución de las y los actuales consejeros electorales o establece su elección por voto popular.
No hay autonomía ni independencia sin garantías efectivas. La inamovilidad en el cargo y la existencia de un procedimiento adecuado de nombramiento constituyen dos de las garantías más importantes de los árbitros electorales. La destitución parcial o total de los integrantes del Consejo General del INE violaría la primera; la elección popular de las consejerías —sobre todo si se replica el absurdo modelo diseñado para cargos judiciales— anularía la segunda. La autonomía es incompatible con una purga de árbitros electorales. La independencia resulta imposible cuando se exige que los árbitros sean electos por las porras de los equipos.
- Si la reforma abre la puerta a que el INE pierda el control del padrón electoral.
Durante el autoritarismo priista, nada impedía que los muertos votaran o que los vivos votaran más de una vez. Eso fue posible, entre otras razones, porque el PRI-gobierno controlaba el padrón. Si en México logramos que los votos se contaran —y se contaran bien— fue, en buena medida, porque la elaboración y el control del padrón y de la lista nominal pasaron a manos de órganos autónomos (primero el IFE y luego el INE). Por eso resultaría particularmente regresivo que, en sintonía con lo que propuso el expresidente López Obrador en su Plan A, la iniciativa de Sheinbaum permitiera que el INE perdiera ese control o, peor aún, que lo transfiriera al gobierno.
- Si la reforma termina por desaparecer lo que queda del federalismo electoral.
No hay democracia constitucional sin separación y limitación del poder. Buena parte del proceso de regresión autoritaria que vive México se explica por el desmantelamiento de las instituciones que fragmentaban y limitaban el poder, en especial el poder presidencial. La reforma judicial y la desaparición de numerosos órganos con autonomía constitucional responden a esa misma lógica. Por eso sería particularmente preocupante que la reforma electoral borrara lo que aún subsiste del federalismo electoral. Eliminar los institutos electorales locales, los tribunales electorales estatales y la facultad de las entidades federativas para contar con sus propias leyes electorales implicaría una centralización regresiva de proporciones históricas.
- Si la reforma reduce significativamente el financiamiento que reciben los partidos de oposición.
No hay elecciones sin campañas, y no hay campañas sin financiamiento. México vive hoy una simulación brutal en esta materia: buena parte del dinero que usan los partidos o que circula en las elecciones no se reporta o es abiertamente ilegal. Aunque todos los partidos participan de esa dinámica, quienes más se benefician son Morena y sus aliados, ya que controlan el gobierno federal y la mayoría de los gobiernos locales. Por eso, una reducción del financiamiento público —la principal fuente de financiamiento lícito— golpearía especialmente a la oposición. En este contexto, recortar significativamente esos recursos constituiría una medida regresiva que erosionaría aún más las condiciones de la competencia.
La lista de criterios que presento no pretende agotar el menú de la regresión autocrática. Puede haber —y con toda probabilidad habrá— muchas más regresiones en la iniciativa de la presidenta Sheinbaum. Lo aquí expuesto cumple una sola función: fijar, desde ahora, un umbral mínimo antes de conocer el contenido concreto de su propuesta. Para que mañana no salgan con el cuento de los sesgos o de la mala fe. Para que quede claro, una vez más, que la advertencia fue oportuna, explícita y pública.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
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