El pasado martes, el Comité de Evaluación del Poder Judicial ordenó suspender las tareas que le corresponden dentro del proceso electoral de este año, en el cual se elegirá a cientos de personas juzgadoras a nivel federal. Las críticas no se hicieron esperar. Con actitud de constitucionalista de ocasión, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña —quien cuenta con amplia experiencia política pero nula formación jurídica— llegó al extremo de cuestionar las credenciales académicas de quienes integran el comité y calificó su actuación como una “franca irresponsabilidad”. Quizá haya algún despistado que quiera confiar ciegamente en nuestro improvisado jurista; en todo caso, conviene detenerse en las razones detrás de la decisión, los dilemas que implicaba y sus consecuencias.
Comencemos con lo más elemental: esta determinación no es un capricho, sino el cumplimiento de un mandato judicial. Como se ha explicado una y otra vez, era previsible que una reforma tan destructiva y violatoria de derechos como la reforma judicial generara un verdadero alud de controversias. Se presentaron impugnaciones de todo tipo y, aunque la Suprema Corte no alcanzó los votos necesarios para anularla, lo cierto es que tampoco la convalidó. Hoy, en el sistema judicial, hay decenas de impugnaciones pendientes, incluidos amparos promovidos por juezas, jueces, magistradas y magistrados que fueron arbitrariamente destituidos.
Fue precisamente uno de estos amparos el que dio lugar a la suspensión definitiva dictada por un juez de Michoacán. Se trata, sin duda, de una decisión cuestionable, como muchas otras más —el caso más extremo fue aquel en el que una jueza federal ordenó “eliminar” del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma judicial—. Sin embargo, los términos de la resolución son inequívocos. Entre otras cosas, el fallo judicial obliga a los tres comités a “suspender, en la etapa en la que se encuentra y en el ámbito de sus competencias, todo proceso o procedimiento contemplado en el decreto” de la reforma judicial.
Quienes integran el Comité de Evaluación del Poder Judicial no tenían alternativa jurídicamente viable. Las resoluciones judiciales, gusten o no, son obligatorias. Cualquiera que valore mínimamente el imperio del derecho sabe que acatar las decisiones de la judicatura es una condición indispensable en cualquier democracia constitucional. Si una decisión no gusta, se impugna; mientras tanto, se obedece. No estamos, como afirmó el pseudojurista Noroña, frente a una “franca irresponsabilidad”, sino, precisamente, ante lo contrario: el cumplimiento estricto y esperable de una determinación judicial.
Los otros dos comités —el del Poder Ejecutivo y el del Poder Legislativo— optaron por el camino opuesto. Para decirlo pronto: se pasaron por el arco del triunfo una resolución judicial. Y, a estas alturas, a nadie sorprende esta manera de proceder. Lo mismo hizo el expresidente López Obrador; lo mismo han hecho la presidenta Sheinbaum, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, el Tribunal Electoral (TEPJF) y hasta el Instituto Nacional Electoral (INE). En México, el desacato judicial es el pan nuestro de cada día. Hemos normalizado la violación de suspensiones.
Lo que sí sorprende es que tantas y tan variadas voces hayan arremetido contra el único comité que tuvo la arrogancia de cumplir con la Constitución. Se les ha acusado de no ser pragmáticos, de poner en riesgo la participación de cientos de aspirantes y de “cederle la plaza” a Morena y sus aliados, quienes controlan los comités del Ejecutivo y del Legislativo. Como si la culpa fuera de un grupo de notables abogadas y abogados que, para sorpresa de nadie, no quisieron comportarse como políticos partidistas ni cometer delitos. Como si la culpa no fuera, en realidad, de las y los legisladores (incluidos algunos de oposición) que aprobaron una reforma autoritaria sin pies ni cabeza.
Algunos opositores del obradorismo se han convertido en inadvertidos seguidores de la lógica obradorista. Con tal de lograr objetivos loables —que el mejor de los comités de evaluación siga funcionando, que algunos de los mejores perfiles puedan participar en las elecciones judiciales, que el electorado tenga más alternativas, etc.— piden que un comité técnico e imparcial viole la Constitución, desobedezca mandatos judiciales y actúe como oposición partidista. Allá ellos. Tan lejos de Gómez Morín y Carlos Pereyra; tan cerca de López Obrador y Fernández Noroña.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
