Hoy vemos las caóticas consecuencias de politizar la organización electoral
Las elecciones judiciales son un auténtico caos. El último episodio es tan bochornoso como revelador: después de que los comités evaluaron (y lo de “evaluación” es un decir) y remitieron sus listas, han salido a relucir las más variadas irregularidades. Hay personas que renunciaron oficial y públicamente, pero siguen en las listas; aspirantes con “pase automático” para continuar en cargos que aún no existen; así como omisiones tan irónicas como la exclusión, en una primera lista, de las tres ministras oficialistas —las únicas que decidieron participar—. En suma: un desastre.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha informado que ha recibido cientos de rectificaciones. Y seguramente vendrán más. Pero sería un error pensar que este caos es responsabilidad del INE. Así lo han dicho, con claridad, algunas consejeras y consejeros. La verdadera autoridad responsable es otra: el Senado de la República. Pero, ¿por qué un órgano político y partidista como el Senado —y no una autoridad autónoma e imparcial— tiene funciones de organización electoral? Porque esa es una de las principales características de la reforma judicial: la partidización de las elecciones. El caos que estamos viendo no es casualidad, ni coincidencia, ni un simple error: es el resultado de una decisión deliberada para desmantelar uno de los pilares de la transición a la democracia.
Esta intención estuvo presente desde la génesis de la reforma judicial. Basta revisar la iniciativa original de López Obrador (su “Plan C”) para advertir el intento por convertir al Senado en una verdadera autoridad electoral. En la propuesta presidencial, el Senado no solo emitiría la convocatoria y postularía a la mitad de las candidaturas del Legislativo, sino que además tendría funciones clave como: i) verificar que todas las candidaturas cumplieran con los requisitos de elegibilidad y ii) realizar y publicar la “suma” de los resultados electorales. Nada más y nada menos: decidir quién puede competir y contar los votos para definir quién gana.
Aunque esas dos facultades (por fortuna) no quedaron en la versión final de la reforma, Morena y sus aliados mantuvieron al Senado como un actor central en el proceso. La reforma aprobada le da al Senado un papel clave en varias etapas: decide si concede o niega licencias y renuncias de personas juzgadoras (art. 76 de la Constitución), emite la convocatoria para definir candidaturas (art. 96), recibe postulaciones y remite los listados al INE (art. 96), y aprueba las renuncias de ministras y ministros de la Corte, así como de magistraturas del Tribunal Electoral (TEPJF) y del Tribunal de Disciplina Judicial (art. 98).
Por si fuera poco, el Senado ha aumentado sus facultades en materia electoral por la vía de las sentencias judiciales. En una de sus muchas aberrantes resoluciones —esas que la Corte ya dijo que no tienen ningún valor jurídico—, la Sala Superior del TEPJF le dio al Senado la facultad de insacular las listas de candidaturas del Poder Judicial. Por eso, las listas que debían ser integradas por la judicatura con base en la evaluación del comité judicial no fueron ni determinadas por el Poder Judicial ni evaluadas por su comité. En realidad, fueron insaculadas, sorteadas… por el Senado.
Quizá haya quien aún piense que estas contradicciones y sinsentidos son errores menores. Si las listas de candidaturas ya fueron capturadas por Morena, siguiendo la lógica de las cuotas y los cuates, ¿qué más da si se cometieron algunos errores? Pues sí da. Lo que hemos vivido estos días no es algo trivial, sino un anticipo de lo que el obradorismo quiere para el sistema electoral: destruir la administración profesional e imparcial y sustituirla con órganos capturados o, de plano, abiertamente partidistas —como el Senado—.
Esto es especialmente relevante de cara a la reforma electoral que viene. La presidenta Sheinbaum ya lo anunció: después de las elecciones, vendrá la reforma electoral, la última pieza para consolidar el proyecto autocrático y consumar el cambio de régimen. El guion está escrito: las elecciones serán un desastre y el chivo expiatorio será el INE. Así lo hemos advertido desde hace meses y así lo han repetido las voces del oficialismo.
Los yerros del Senado no son una casualidad: son una revelación, clara y contundente, de lo que podría pasarle al sistema electoral. Si esto ya es un escándalo, imaginemos unas elecciones organizadas así en 2027 para renovar la Cámara de Diputados. O, peor aún, en 2030 para elegir a la próxima presidencia.
Avisados estamos.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
