Tenemos una Corte que juega del lado del gobierno…. y que ni siquiera intenta disimularlo.
La manifestación de la “Generación Z” estuvo marcada por la violencia. De acuerdo con las páginas de El Universal, asistieron miles de personas y el saldo fue de al menos 120 lesionados entre policías y civiles, además de varias detenciones. No es un asunto menor. Como ha informado la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, algunas de las personas detenidas serán acusadas de tentativa de homicidio.
Por eso sorprende que, ante un evento tan complejo —con autoridades y civiles lesionados, personas detenidas y acusaciones gravísimas—, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, haya decidido tomar partido.
El sábado mismo, la Corte emitió un comunicado que expresó preocupación por los edificios y por los policías, pero no por los civiles heridos. En palabras del breve boletín, “la Corte manifiesta su preocupación y condena las expresiones de violencia aislada registradas este día en sus inmediaciones, que incluyeron agresiones a elementos de seguridad, daños a las instalaciones e intentos de ingreso violento y no autorizado al edificio”. Ni una palabra para los jóvenes lesionados.
Y por si fuera poco, el boletín —difundido con una celeridad sorprendente— se da a la tarea de regañar a los jóvenes de la Generación Z. Dice que la Corte reconoce y respeta “plenamente” las libertades de expresión y manifestación, pero afirma que los hechos ocurridos “desvirtúan el propósito legítimo de cualquier manifestación” (énfasis añadido). Francamente, no se entiende por qué los boletines de la Corte tendrían que convertirse en árbitros de la legitimidad de las protestas, de sus motivos o de sus métodos.
Esto podría parecer un desliz menor —un boletín innecesario, con frases desafortunadas— si no fuera por sus implicaciones jurídicas y por lo que revela sobre la legitimidad de la “nueva” Corte. En el plano jurídico, lo obvio: estos hechos ya están llegando a los tribunales locales y eventualmente podrían llegar a la judicatura federal y a la Corte misma. Pero incluso si no lo hacen y todo se resuelve en instancias inferiores, la Corte y su presidente enviaron una pésima señal al tomar partido en un asunto delicadísimo, que incluye además el asesinato de Carlos Manzo, otro caso que podría escalar a los tribunales federales.
La segunda implicación es aún más grave. No es la primera vez que integrantes de la nueva Corte emiten declaraciones o toman decisiones que comprometen severamente su capacidad para ser —y para parecer— jueces imparciales. Ahí está la decisión de Lenia Batres de no excusarse de los litigios de Ricardo Salinas Pliego, pese a la enemistad pública y notoria entre ambos.
Y ahí están las declaraciones del propio presidente de la Corte, quien en plena discusión sobre las reformas a la Ley de Amparo avaló públicamente la necesidad de la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y hasta sugirió que no tenía problemas de retroactividad. Todo ello en un contexto donde existen versiones periodísticas que afirman que fue el propio Aguilar quien estuvo detrás del polémico artículo transitorio que abrió la puerta a esa aplicación retroactiva.
Alguien podría pensar que todo esto es fruto de una prolongada “curva de aprendizaje”, de ministras y ministros que se pusieron la toga, pero no han dejado atrás la lógica de la militancia. Pero no estamos para ingenuidades. Los hechos muestran otra cosa: una Corte que, incluso en estos pequeños pero reveladores gestos, no pierde ocasión para adelantar criterios, regañar a la Generación Z o comprometer su propia legitimidad si eso le permite dejar claro lo que ya resulta evidente.
Tenemos una Corte que juega del lado del gobierno. Y que ni siquiera intenta disimularlo.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.