Lo que viene no es una reforma electoral, es una embestida contra la democracia
Solo era cuestión de tiempo. Después de destruir al poder judicial, Morena buscará ahora purgar, capturar y debilitar a los árbitros electorales. El siguiente paso en la regresión autocrática ya está anunciado: Claudia Sheinbaum ha reiterado que impulsará una reforma electoral. Y no será una reforma para fortalecer la democracia, sino para controlar las condiciones de la competencia. No será una reforma para mejorar al INE, sino para subordinarlo. No será una reforma para corregir la inequidad de las elecciones, sino para profundizarla.
Aunque todavía no conocemos el contenido exacto de la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, todo indica que su lógica será la misma que ha guiado a las reformas anteriores: eliminar contrapesos, debilitar la oposición y garantizar que Morena y sus aliados compitan con ventajas indebidas. Es decir, tener rivales más débiles, árbitros más dóciles y reglas más favorables.
Muy probablemente veremos una iniciativa que busque eliminar la representación proporcional, para que Morena y sus aliados obtengan más asientos con menos votos. Una iniciativa que reduzca el financiamiento público a los partidos, para que una oposición ya golpeada termine arrasada. Una iniciativa que proponga elegir a las autoridades electorales por voto popular, para que los acordeones de Morena también definan a los árbitros. Y una iniciativa que suprima el federalismo electoral, para concentrar aún más el poder en órganos controlados desde el centro.
No hace falta especular. Basta con revisar las iniciativas que presentó López Obrador: el fallido Plan A, que no logró los votos en el Congreso; el Plan B, que fue invalidado por la Suprema Corte; y el Plan C electoral, que sigue en pie como el último eslabón del proyecto obradorista. En todas ellas hay un mismo patrón: debilitar las condiciones de competencia democrática.
Quien crea que esta preocupación es coyuntural o exagerada, haría bien en revisar los análisis que, con tiempo y con rigor, hemos venido realizando individual y colectivamente. Desde junio de 2024, advertimos sobre los riesgos del Plan C electoral en un libro coordinado por Sergio López Ayllón, J. Jesús Orozco Henríquez, Pedro Salazar Ugarte y Diego Valadés. Y unos meses después, María Marván y quien esto escribe reunimos a otro grupo plural de especialistas para analizar con detalle la última gran ofensiva contra el sistema electoral.
No sabemos qué tanto del Plan C retome Sheinbaum. Pero sabemos que con lo que ya propuso López Obrador basta para entender la magnitud de lo que puede venir. Entre otras cosas, el expresidente planteó:
(1) Eliminar la representación proporcional, para que Morena y sus aliados se queden con un pedazo más grande del pastel legislativo
(2) Reducir el financiamiento público, para que una oposición derrotada pronto sea también una oposición devastada.
(3) Elegir autoridades electorales por voto popular, para que los acordes del obradorismo también definan a árbitros afines.
(4) Eliminar el federalismo electoral, para concentrar decisiones clave en órganos subordinados al poder central de Morena.
Ya fulminaron a buena parte de los órganos autónomos. Ya abrieron la puerta a una militarización sin precedentes. Ya se apoderaron del poder judicial. Ahora van por el INE y por el sistema electoral. Porque el objetivo es claro: consolidar un régimen más autoritario, más militarizado y, ahora, también más autocrático.
Avisados estamos. No son tiempos de sorpresa ni de indiferencia. Son tiempos de defensa. Lo que está en juego no es una reforma más. Es la posibilidad de que sigamos teniendo elecciones mínimamente libres, competidas y equitativas. Para que algún día los malos gobiernos paguen la cuenta. Lo que está en riesgo no es solo el INE, sino la democracia misma.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
