El Plan B fracasó dos veces. La primera, antes de que se presentara la iniciativa, cuando Sheinbaum renunció a incluir uno de los puntos de su propio PowerPoint: abrir las consultas populares a temas electorales. Era una propuesta peligrosísima, como expliqué en estas mismas páginas, que habría abierto la puerta a consultar la eliminación de la representación proporcional, la cancelación de registros de partidos o, incluso, la reelección presidencial.

La segunda derrota sucedió ayer. La presidenta no logró convencer a sus aliados del Partido del Trabajo (PT) de aprobar una propuesta que se vendía como un “fortalecimiento” de la revocación de mandato, pero que era, en realidad, un intento burdo de otorgarle privilegios constitucionales a ella y solo a ella. Porque lo que Sheinbaum buscaba —como he explicado también en estas páginas— era meterse de lleno en las elecciones intermedias de 2027: habilitarse para hacer campaña, promover el voto a su favor y, de paso, usar más recursos públicos en su beneficio.

Ambos fracasos se explican por un error de cálculo evidente (y quizá también por la soberbia). El PT y el Verde (PVEM) han sido socios tan necesarios como menospreciados por Morena. Si hoy controlan la Cámara de Diputados, es producto de un fraude a la Constitución concertado con ellos, no de la voluntad popular.

¿Cómo se quedaron con el 73% de la Cámara habiendo obtenido poco más de la mitad de los votos? La respuesta es sencilla: mediante un uso fraudulento de las coaliciones que les permitió burlar el tope del 8% de la sobrerrepresentación. Hay diputados del PT y del Verde que ganaron sus curules con votos de Morena, pero que no cuentan como morenistas para efectos de ese tope. El arreglo beneficia a todos: PT y Verde obtienen diputaciones que no corresponden a su fuerza electoral; Morena se hace del control absoluto de la Cámara con sus aliados.

Solo que el PT y el Verde siempre han sido tratados como socios de segunda. Son aliados electorales, no socios de gobierno. Ninguno tiene espacios en el gabinete legal. La presidenta los necesita para aprobar su agenda legislativa, pero gobierna en solitario.

Por eso el rechazo del PT (y de algunas figuras del Verde) al Plan B no debería sorprender a nadie. La presidenta quería meterse en la boleta para promocionar su gobierno; un gobierno de Morena, no del PT ni del Verde. El efecto era previsible, por intuición o por medición: favorecer electoralmente a Morena (y no a sus aliados).

Los legisladores oficialistas que votaron en contra actuaron con elemental racionalidad. No estuvieron dispuestos a pagar un costo a cambio de nada. No hubo zanahoria y el garrote no funcionó. El fracaso del Plan B es, ante todo, un flagrante fracaso de la operación política de la presidenta.

Pero mal haríamos en festejar. Este Plan B (una reforma constitucional) fracasó porque requería a los aliados. Pero la presidenta podría seguir los pasos de López Obrador y optar ahora por la vía de las reformas a leyes secundarias, que Morena puede aprobar sola, sin necesidad de nadie. Sheinbaum podría tener, así, su propio Plan C: cambios legales que vulneren la Constitución, confiando en que ahora controla a una Corte que difícilmente le dirá que no a la presidenta. El Plan B murió. El riesgo, no.

Javier Martín Reyes. Investigador en el II-UNAM y en el Instituto Baker. X:.

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