El primero en hacer el ridículo fue el diputado de Morena, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, destacado líder de la pandilla conocida como #DatoProtegido. En un video que subió a sus redes sociales —y presumiendo la muy ecológica y austera idea de imprimir a color y engargolar un libro que es gratuito y se descarga de internet— salió a denunciar algo verdaderamente escandaloso: que investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tuvimos el atrevimiento de escribir un libro sobre cómo Morena y sus aliados lograron la mayoría calificada (de dos terceras partes) tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, a pesar de haber obtenido apenas poco más de la mitad de los votos. Nunca nadie había visto algo semejante. Académicos de una universidad pública, especialistas en derecho, escribiendo un libro académico sobre uno de los temas jurídicos más relevantes para la vida pública del país. Inaudito.
Luego, como para no quedarse atrás, llegó el turno del ridículo de la también diputada Gabriela Jiménez Godoy, quien dice despachar como vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. En un valiente e ingenioso tuit, la diputada hizo un anuncio de la mayor trascendencia: que presentaría una solicitud de información para preguntarle a la UNAM cuánto le había pagado a un académico de la UNAM por escribir en un libro de la UNAM. Que una diputada federal recurra a los mecanismos de transparencia de la universidad es, por supuesto, una idea brillante. Y es que, ojalá viviéramos en un mundo en el que cualquier persona que conozca mínimamente la vida universitaria —corrijo: cualquier persona que sepa usar Google, ChatGPT o lo que sea— no supiera ya que a los académicos de la UNAM no se les suele pagar absolutamente nada por escribir libros para la propia UNAM. Qué bueno que la diputada de Morena haya activado los mecanismos institucionales para responder a tan profunda y pertinente inquietud.
Quizá lo único lamentable sea que ambos diputados hayan fracasado estrepitosamente en su cometido. Porque si lo que pretendían con su denuncia era que este libro no se leyera, gracias a su brillante estrategia han logrado exactamente lo contrario. Al denunciar públicamente a académicos que simplemente han hecho su trabajo, y al plantear preguntas que un alumno de secundaria podría resolver con una búsqueda elemental en internet, han conseguido algo que parecía francamente imposible: que la versión impresa de un libro académico se agote a los pocos días de su aparición y, peor aún, que la versión digital —que llevaba más de dos meses disponible y había pasado relativamente inadvertida— acumule ya más de 30,000 visitas en el portal del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Lo digo con todo el respeto del mundo: quizá el diputado Gutiérrez y la diputada Jiménez no sean grandes estrategas, pero han sido los mejores propagandistas de sus peores enemigos.
Así que ya sabe, estimada lectora, estimado lector: si usted quiere sumarse a la cruzada de estos brillantes y bienintencionados paladines de la censura académica, le pido, le ruego, le imploro, por lo que usted más quiera, que no se le ocurra descargar, leer o circular el libro que dos diputados de Morena no quieren que usted lea. No se le ocurra, ni por error, entrar al portal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ni mucho menos consultar la liga que aquí le dejo para su más cómoda consulta: https://bit.ly/El_Libro_Que_Morena_No_Quiere_Que_Leas.
Por favor, no permita que se siga leyendo y discutiendo el libro La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión, coordinado por nuestros queridos colegas María Marván, José de Jesús Orozco y Diego Valadés, quienes cometieron el imperdonable error de coordinar un libro profundamente incómodo para el poder —sin cobrar un solo peso—.
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Este episodio podría quedarse en una simple anécdota y en una nueva constatación de las limitaciones de nuestra clase política, si no fuera porque ocurre en un contexto de ataques cada vez más frecuentes contra la libertad académica. Resulta condenable que dos diputados —uno de ellos protagonista del escándalo de #DatoProtegido y quien ya empleó el aparato estatal para silenciar y humillar a una ciudadana indefensa— echen mano de recursos públicos y de su posición de poder para amedrentar a quienes cumplimos con nuestro deber universitario de investigar y contribuir a la discusión y solución de los grandes problemas nacionales. Y ojalá lo tengan claro: hay pocas cosas que honren tanto al trabajo académico como incomodar a personajes tan turbios, torpes y autoritarios como Sergio Gutiérrez Luna.
Javier Martín Reyes.
Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker.
X: @jmartinreyes.