La censura más peligrosa es la que se disfraza de justicia
Hace unas semanas, en estas mismas páginas de El Universal, Héctor de Mauleón publicó una columna de altísimo interés público. En ella documentó la existencia de una posible red de corrupción vinculada al tráfico de huachicol en la Agencia Nacional de Aduanas de México. Uno de los personajes centrales, según lo señalado por De Mauleón, es Juan Carlos Madero Larios, administrador de Operación Aduanera. El texto también refiere un reporte del Centro Nacional de Inteligencia que identifica a Tania Contreras López —quien fue consejera jurídica del gobierno de Tamaulipas y ahora es candidata al más importante tribunal de ese estado— como el vínculo entre el gobierno estatal y Madero Larios, su cuñado.
En un país mínimamente decente, la columna de Héctor de Mauleón habría sido recibida como lo que es: una alerta seria, un recordatorio de los laxos controles que rodean estas absurdas elecciones judiciales. En un país mínimamente decente, se habría exigido una explicación clara sobre el estado de la investigación. En un país mínimamente decente, quienes impulsaron y avalaron la candidatura de Tania Contreras López tendrían que rendir cuentas por esa decisión. Y la propia Contreras estaría obligada a ofrecer explicaciones públicas y convincentes.
Pero no. En el México de la autodenominada Cuarta Transformación, en “el país más democrático del mundo”, ocurrió algo muy distinto: Tania Contreras presentó una denuncia contra El Universal y contra el propio Héctor de Mauleón. ¿El motivo? Haber incurrido, según ella, en “calumnia electoral” y, por si fuera poco, en “violencia política contra las mujeres en razón de género”. Sí, leyó bien: la candidata sostuvo que una columna que la vincula —¡con base en un reporte oficial!— a una red de corrupción aduanera, la afecta por el solo hecho de ser mujer.
En un sistema de justicia mínimamente decoroso, una denuncia así debería fracasar en los tribunales. Pero no. En el sistema de justicia que está moldeando el obradorismo, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas le dio la razón a Tania Contreras en su solicitud de medidas cautelares. Todos y cada uno de los cinco integrantes del órgano —incluidas dos personas que ni siquiera cuentan con el nombramiento como magistradas— adoptaron una decisión que raya en lo absurdo: 1) ordenaron el retiro inmediato de la columna del portal digital de El Universal, y 2) impusieron una mordaza al medio y al periodista, al instruirles que, en lo sucesivo, “se abstengan de emitir publicaciones o expresiones cuya finalidad sea relacionarla o vincularla con personas o actos delincuenciales”. Así, sin matices: borrar lo publicado y prohibir, de antemano, volver a escribir sobre el tema. Solo les faltó ordenar que ni siquiera lo pensaran.
Ignoro los términos en los que Héctor de Mauleón habrá planteado su defensa jurídica —que no dudo que será extraordinaria—, pero hay al menos tres razones independientes y suficientes para revocar la resolución del tribunal.
Primero: el argumento sobre violencia política en razón de género es, francamente, insostenible. La columna señala que Tania Contreras López es considerada “la carta más fuerte de Morena” para presidir el tribunal local. Según el tribunal, esa expresión la “cosifica”. Sí, leyó bien: por usar la palabra “carta”. Si tomáramos en serio ese razonamiento, entonces también serían violencia de género expresiones como decir que una mujer es “la apuesta ganadora”, “la figura clave”, “la pieza estratégica” o incluso “el as bajo la manga” de un partido. Todas son metáforas comunes en el lenguaje político-electoral y pueden emplearse con hombres y mujeres por igual. Pretender que se vuelvan una infracción electoral simplemente por emplearse en el caso de una mujer no solo banaliza el concepto de violencia de género, sino que lo convierte en un arma de la censura.
Segunda: la orden de retirar la columna y de prohibir futuras publicaciones es abiertamente desproporcionada. Desde hace años, los precedentes judiciales han sostenido que toda medida cautelar debe cumplir con tres requisitos básicos: ser idónea, necesaria y proporcional. En este caso, no se cumple ninguno. La medida no es idónea, porque no existe ningún indicio serio de violencia política de género que deba prevenirse. No es necesaria, porque existían alternativas mucho menos restrictivas (como el derecho de réplica) mediante las cuales Tania Contreras pudo ejercer su defensa pública y aclarar las cosas. Y es claramente desproporcionada, porque impone una afectación gravísima a las libertades de prensa y de expresión, al mismo tiempo que no toma en cuenta que Contreras, como candidata a una magistratura y exfuncionaria de alto nivel, debe estar sujeta a un escrutinio amplio e intenso. En suma: se trata de medidas cautelares absolutamente injustificadas. Tercera: lo que hizo el tribunal es, lisa y llanamente, censura previa. La libertad de expresión, según lo establece con toda claridad el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “no puede estar sujeta a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores”. Y aquí ocurre exactamente lo contrario: el Tribunal Electoral de Tamaulipas prohíbe de manera anticipada —ex ante, no ex post— la publicación de cualquier nota que vincule a Tania Contreras con hechos delictivos, sin importar si hay evidencia, sin importar si la información es veraz, y sin importar si está posiblemente respaldada por fuentes oficiales. Es, en términos sencillos, una resolución que valida una violación flagrante y aberrante a uno de los pilares fundamentales de toda democracia constitucional: la libertad de expresión.
Estamos, para decirlo pronto, frente a un caso de huachicol judicial. Porque si el huachicol es la apropiación ilegal de hidrocarburos, esto es su equivalente judicial: una apropiación inconstitucional de principios fundamentales como la igualdad de género, la proporcionalidad o la libertad de expresión. El tribunal ha vaciado de sentido herramientas jurídicas creadas para proteger a los más vulnerables, a los históricamente discriminados, a quienes exigen rendición de cuentas. El tribunal electoral local ha convertido las garantías de derechos humanos en armas de censura y amedrentamiento.
Regreso a mi punto: en un país decente, una sentencia así no resistiría una impugnación. Sería revocada lisa y llanamente por la Sala Regional Monterrey o la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF). Pero en el país del Tribunal Electoral del Bienestar ya nada es seguro. Y ese es el verdadero peligro para todas y todos. Hoy fue Héctor de Mauleón; mañana puede ser cualquiera. Hoy fueron unas medidas cautelares; mañana podría ser la prisión. De eso va el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
