Los hechos son bien conocidos. Una ciudadana —Karla María Estrella Murrieta— escribió en X: “Así estaría el berrinche de DATO PROTEGIDO 1 para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”. Un mensaje así, que en otro contexto se hubiera perdido en el torrente digital, terminó siendo llevado a juicio. ¿La razón? Que DATO PROTEGIDO 2 —quien está casada con DATO PROTEGIDO 1— presentó una queja ante las autoridades electorales, alegando que el tuit constituía violencia política contra una mujer en razón de género. A partir de ahí, el absurdo escaló y el abuso sustituyó al sentido común. Lo que empezó como un tuit terminó como una persecución judicial.
Primero, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó eliminar el mensaje. Después, la Sala Especializada del Tribunal Electoral concluyó —en un refinado abogañol— que el tuit representaba “violencia simbólica, psicológica, a través de interpósita persona, digital, mediática y análoga”. Asimismo, la Sala Especializada: 1) multó a Karla Estrella, 2) le ordenó disculparse públicamente, 3) la mandó a leer cinco publicaciones “para sensibilizarse”, 4) le impuso un curso, que la propia Karla debía costear de su procopio bolsillo, 5) le exigió publicar en su cuenta un extracto de la sentencia con “lenguaje incluyente y sencillo” y 6) la inscribió —¡por año y medio!— en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Y por si algo faltara, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la sentencia de la Sala Especializada. La votación estuvo empatada (2 contra 2) y solo se resolvió gracias al voto de calidad de la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso. Así, la denuncia de DATO PROTEGIDO 2 movilizó a las máximas autoridades electorales del país. Sí: todo el aparato sancionador en la materia fue activado… por un mensaje de menos de 280 caracteres.
Mucho se ha debatido sobre los efectos de esta decisión. Que si obligar a publicar una disculpa es una pena infamante; que si ocultar nombres de políticas y políticos de primer rango bajo la fórmula “DATO PROTEGIDO” raya en el ridículo; que si la estrategia fue contraproducente, pues ahora la historia de DATO PROTEGIDO 1 y DATO PROTEGIDO 2 está bajo el escrutinio público que buscaban evitar. Sin embargo, el verdadero problema es estructural. En este contexto de regresión autoritaria, herramientas legítimas del derecho —como las de la lucha contra la violencia de género— se están convirtiendo en escudos de impunidad al servicio del poder, usados para silenciar a quienes lo critican.
Quizá no es lo más popular, pero déjenme decirlo: creo que no estamos frente a un dilema de fácil resolución. Por un lado, es innegable que en México —como en tantos otros lugares— las mujeres siguen siendo objeto de múltiples violencias, muchas de las cuales pasan por negarles su talento y capacidad. “Si llegó ahí fue por ser esposa, pareja o amiga de X” suele ser una burda descalificación que se escucha impunemente en lo público y en lo privado.
Si ese fuera el único factor relevante, la solución parecería simple: silenciar. Pero pasamos por alto el otro lado de la moneda. Los partidos políticos llevan años reproduciendo prácticas profundamente antidemocráticas. No, los cargos no van para los más capaces, ni para los mejor preparados, ni para quienes han hecho más trabajo de base. Con demasiada frecuencia, las candidaturas y los cargos no se asignan por mérito, sino por lealtades personales: van para los amigos, para los incondicionales de las camarillas y, sí, también para parientes de todo tipo.
Si los partidos eligieran a sus candidaturas mediante procedimientos democráticos, con reglas claras y árbitros imparciales, nada de esto estaría pasando. Si ese fuera el caso, la denuncia de Karla Estrella no habría provocado indignación, sino risa. Si viviéramos en el paraíso de la democracia interna, el PT habría aclarado rápidamente los hechos. Incluso, tanto DATO PROTEGIDO 1 como DATO PROTEGIDO 2 pudieron haber desmentido todo desde la visibilidad, el micrófono y el reflector que les da el poder.
Pero no fue así. Lo que decidió DATO PROTEGIDO 2 fue utilizar el poder del Estado, a través de un procedimiento sancionador en materia electoral, para silenciar a una voz crítica. Y el resultado fue claro: se protegió el derecho a la igualdad de DATO PROTEGIDO 2 —una persona en posición de poder y con acceso a todo tipo de recursos— por encima del derecho a la libertad de expresión de una ciudadana indefensa, que no tiene más tribuna que una cuenta de X.
Claro que se puede cuestionar la forma en que la ciudadana planteó su denuncia. No estoy discutiendo eso. Lo que quiero subrayar es que la solución es perversa por donde se le mire: si seguimos por ese camino, no solo seguiremos censurando a ciudadanos y blindando al poder, sino que evitaremos discutir el problema de fondo: la ausencia de democracia interna en los partidos, y la persistencia del nepotismo, la corrupción y el tráfico de influencias. Así, la violencia política de género deja de ser una herramienta para proteger a las mujeres y se convierte en un instrumento para darles inmunidad a quienes ya tienen poder; no sirve para igualar a hombres y mujeres, sino para profundizar la brecha entre la clase política y la ciudadanía de a pie.
Y no es un caso aislado, ni el riesgo autoritario es una exageración. Baste recordar que fue precisamente la violencia política de género la excusa para silenciar y censurar a El Universal y al periodista Héctor de Mauleón, cuyo “acto de violencia” consistió en escribir que otra persona —llamémosle, siguiendo con los absurdos, DATO PROTEGIDO 3 — era “la carta más fuerte” de Morena. Otra vez: un tema de la mayor relevancia pública, silenciado. Y se llegó al extremo de ordenar judicialmente borrar un artículo. Sí: eso ya está pasando en México.
Por eso este caso debe servir no sólo para denunciar un abuso en particular, sino para evidenciar todo lo que está mal en este tipo de casos. Porque cuando se pierde la independencia judicial, los tribunales —como la Sala Superior— dejan de limitar la injerencia indebida del poder y se convierten en sus cómplices. Y cuando se pierde la sensatez y el sentido común, conceptos como la violencia política en razón de género —creados para remediar desigualdades estructurales— se convierten en herramientas de represión. No se trata de una simple pifia de la justicia electoral, ni de una decisión aislada: es una de las muchas consecuencias de la regresión autoritaria que estamos viviendo. Hoy fue Karla Estrella; mañana puede ser cualquiera.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
