La CNDH se ha convertido en una aliada del autoritarismo
El pasado sábado, alrededor de las 10:30 de la mañana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó un “pronunciamiento” sobre la más reciente reforma relacionada con la prisión preventiva oficiosa. A estas alturas, quizá lo más sencillo sería dejar de prestar atención a una institución tan decadente como capturada. Sin embargo, conviene detenerse en este episodio, pues nos dice mucho sobre cómo las instituciones que hicieron posible la transición democrática están siendo usadas para profundizar la regresión autoritaria que vive México.
La figura de la prisión preventiva oficiosa es, sin matices, un atentado contra los derechos humanos. Gracias a esta figura, una persona ir automáticamente a prisión e intentar defenderse privada de su libertad si existe la mera probabilidadde que haya cometido alguno de los muchos delitos que señala el artículo 19 de la Constitución, entre los que se encuentran delitos tan diversos como la delincuencia organizada, la extorsión, el robo de casa habitación o el transporte de carga. En estos casos, el encarcelamiento no se justifica caso por caso ni considera las circunstancias específicas; es obligatorio, sin excepciones.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha condenado a México en repetidas ocasiones por la existencia de esta figura. Según el criterio de la CorteIDH, la prisión preventiva sólo debe aplicarse en circunstancias extraordinarias, después de analizar las particularidades de cada caso. Las autoridades tienen la obligación de justificar que: 1) el encarcelamiento es necesario para evitar riesgos específicos, 2) no existen medidas menos restrictivas para evitar estos riesgos y 3) los derechos de la persona acusada no son violados de forma desproporcionada. La prisión preventiva, en suma, debe ser idónea, necesaria y proporcional.
Si la actual CNDH tuviera un mínimo de decencia y congruencia, debería condenar enérgicamente la más reciente reforma al artículo 19 de la Constitución, que amplió aún más el catálogo de delitos que ameritan prisión automática y estableció la obligación de aplicar literalmente disposiciones contrarias a los derechos humanos. Pero la CNDH no solo evitó condenar esta reforma; la aplaudió con entusiasmo.
El comunicado que emitió es una vergüenza. En el título se afirma que la estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum y la prisión preventiva automática son “una fórmula que apoya la CNDH”. Más grave aún, el texto asegura que esta reforma “considera el respeto a los derechos humanos de una manera preponderante” (sic). El nivel de distorsión alcanza lo absurdo: celebran como un gran avance lo que, en realidad, es un retroceso flagrante.
Peor aún, la CNDH fue más allá de la apología de la violación a los derechos humanos. En su pronunciamiento, arremete contra las organizaciones que han criticado esta medida, acusándolas de usar “el discurso de derechos humanos para descalificar la política de seguridad del gobierno actual”. Además, se suma al discurso oficialista contra la independencia judicial, señalando sin aportar una sola prueba que muchos jueces están “coludidos con grupos delincuenciales o intereses económicos”. Y, por si fuera poco, insinúa que las críticas a esta figura están alimentadas por “intereses externos” que atentan contra la soberanía nacional.
Mucho se ha dicho en los últimos meses que la CNDH se ha convertido en una institución ineficaz y decorativa, incapaz de defender los derechos humanos o de fungir como contrapeso al poder. Sin embargo, estos diagnósticos se quedan cortos. La CNDH no es simplemente irrelevante; se ha transformado en un instrumento que legitima violaciones a los derechos humanos y facilita los abusos del poder. En pocas palabras, se ha convertido en la Comisión Nacional contra los Derechos Humanos.
Quizá lo más alarmante es que este no es un caso aislado. Lo que ha sucedido con la CNDH es un ejemplo del destino que probablemente compartirán otras instituciones que en el pasado garantizaron elecciones libres, protegieron derechos fundamentales y establecieron las bases para el estado de derecho. Hoy, esas mismas instituciones están siendo cooptadas y utilizadas para apoyar activamente la consolidación de un régimen que busca desmantelar los contrapesos y los límites al poder. Las instituciones de garantía se están transformando en los aliados perfectos del autoritarismo.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker.
