Esta semana se hizo pública una sentencia que debería ser un escándalo. La jueza local Flor de María Hernández Mijangos condenó a Enrique Graue Wiechers, exrector de la UNAM, y a Fernando Macedo Chagolla, exdirector de la FES Aragón, a pagar 15 millones de pesos. ¿El motivo? Supuestamente haber atacado el “honor y reputación” de la profesoa Martha Rodríguez Ortiz, quien fue despedida después de que se descubriera que dirigió al menos dos tesis prácticamente idénticas: la de Edgar Ulises Báez (defendida en julio de 1986) y la de la hoy ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Mossa (defendida en septiembre de 1987).
La sentencia es un disparate en sí misma, pero lo más grave es lo que nos dice sobre el estado del sistema de justicia y lo que nos espera con la reforma judicial. Para entender este absurdo, hay que recordar cómo empezó todo. En diciembre de 2022, antes de la renovación de la presidencia de la Suprema Corte, Guillermo Sheridan —académico de la UNAM y columnista de El Universal— destapó uno de los mayores escándalos de la historia judicial reciente: Báez y Esquivel presentaron tesis de licenciatura con títulos y contenidos prácticamente idénticos, párrafo por párrafo, dirigidas por la misma profesora: Martha Rodríguez Ortiz.
Desde el principio, la pregunta no era si hubo plagio —es imposible que dos personas escriban independientemente una tesis idéntica— sino quién plagió a quién. Por las fechas y ciertos detalles, todo indicaba que la copia era de Esquivel. Y ella, en un primer momento, dijo que confiaba en “su Alma Mater” y que estaría “atenta a su determinación”. No obstante, muy poco le duró la palabra a la ministra Esquivel, pues en los hechos hizo todo lo posible para impedir que los órganos competentes se pronunciaran. Presentó amparos y otras acciones judiciales que han bloqueado hasta hoy la resolución del Comité Universitario de Ética.
Pero el problema iba más allá del plagio de Báez-Esquivel. En el mismo artículo, Guillermo Sheridan descubrió que no eran dos, sino al menos cuatro tesis idénticas. Además de las de Báez y Esquivel, en 2008 y 2010 se defendieron otras dos con el mismo contenido. Todas esta tesis tenían además algo en común: fueron dirigidas por Martha Rodríguez Ortiz. Frente a hechos tan graves, la UNAM tomó una decisión por demás razonable: rescindir el contrato de la profesora.
Sorpresivamente, Rodríguez Ortiz respondió con una demanda civil contra Graue y Macedo Chagolla. Y lo hizo, además, por una vía por demás cuestionable: no los demandó como autoridades, sino como particulares, y no acudió a los tribunales federales que tienen competencia sobre la UNAM, sino a los locales de la Ciudad de México. Más sorprendente aún es que la jueza Hernández Mijangos le dio la razón. Concluyó que Graue y Macedo Chagolla “obraron ilícitamente con malicia efectiva” y causaron “daño moral” a la profesora por afectar su “honor y reputación”.
La sentencia es una aberración jurídica. Según la jueza, fue ilegal que el entonces rector informara sobre la destitución de la profesora Rodríguez Ortiz o que dijera algo tan evidente como que había una “copia sustancial” entre las tesis y que eso constituía una “falta de integridad académica”. Dicho de otro modo: Graue fue condenado por actuar con “malicia efectiva” —una figura que opera cuando alguien difunde falsedades— pero lo único que hizo fue decir la verdad. Así de grotesca es esta resolución judicial.
La lista de absurdos es aún más larga. En su afán de condenar a Graue a toda costa, la jueza sostuvo que fue “ilegal” que el rector emitiera lineamientos para los comités de ética y hasta argumentó que Rodríguez Ortiz sufrió “discriminación y violencia de género”. Si emitir lineamientos de ética es ilegal y sancionar el plagio es violencia de género, entonces la justicia no solo perdió el rumbo, sino también la vergüenza.
En circunstancias normales, este fallo debería ser revocado por los propios tribunales locales o eventualmente en un amparo directo. Pero hoy no hay garantías de que eso ocurra. No solo porque los tribunales locales y federales están bajo una enorme presión política, sino porque el caso podría llegar a los tribunales de amparo una vez que haya implementado la mayor parte de la purga de la reforma judicial. ¿Se atreverán las nuevas y los nuevos jueces a proteger a quienes —con toda la razón— tomaron decisiones valientes que afectaron los intereses de algunas de las figuras judiciales más cercanas a la Cuarta Transformación?
Ese es el verdadero problema de la reforma: si los jueces no pueden frenar despropósitos tan absurdos como una condena de 15 millones de pesos, entonces nadie está a salvo. La sentencia contra el exrector Graue y el exdirector Macedo Chagolla no es solo un ataque contra dos personas, sino una advertencia para todos: en el nuevo sistema de justicia, la verdad puede costarte caro, y el poder decidirá quién paga la cuenta.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
