Más allá de que, durante su campaña, López Obrador prometió que regresaría a soldados y marinos a sus cuarteles, hoy vemos una grotesca militarización de la vida nacional. Esto se debe analizar desde dos perspectivas: la política y la jurídica. Políticamente, está comprobado que los regímenes autoritarios echan mano, sean de izquierda o de derecha, de las Fuerzas Armadas para hacer y deshacer a su antojo y, también, para perpetuarse en el poder. No extraña el que AMLO diga una cosa y haga otra. Ya Luis Estrada nos ha ilustrado en su libro “El imperio de los otros datos” que el inquilino de Palacio Nacional acumuló “cerca de 67,000 afirmaciones falsas, engañosas o que no puede probar, en la primera mitad de su administración, un promedio de 90 diarias”. Así, hoy, entre las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, tienen encomendado el control de puertos y aduanas; la construcción y operación del Aeropuerto Felipe Ángeles; la operación del Aeropuerto de la Ciudad de México; la creación y operación de Mexicana de Aviación; la construcción de 2,700 sucursales del Banco del Bienestar; apoyar los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes construyendo el futuro”; la atención de la pandemia por Covid-19 con casi 48 mil efectivos; la remodelación de 32 hospitales; la construcción de dos tramos del Tren Maya; la distribución de fertilizantes; el manejo de pipas y la custodia de ductos de Pemex; el intento por trasladarles mando, operación y administración de la Guardia Nacional; la operación de los puertos y el mando sobre el espacio aéreo, y tantas tareas más que han implicado falta de acceso a la información sobre sus contrataciones públicas, vía adjudicaciones, so pretexto de la seguridad nacional. Esta acumulación de poder político y económico, para los mandos de las Fuerzas Armadas es, por decirlo suave, una compra de lealtad, “por lo que se ofrezca”. Ahora bien, por si fuera poco, todo lo hasta aquí narrado, topa con el artículo 129 constitucional que a la letra dice: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. A su vez, el artículo 89-VI faculta al Presidente a “preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. En suma, ni política ni jurídicamente es defendible la militarización de todo tipo de actividades que corresponden, original y constitucionalmente, a las autoridades civiles. Es una clara distorsión del arreglo institucional de nuestra república. Pero pues ya se la saben. Lo dijo AMLO: “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”.
