Hasta hace poco, el artículo 129 constitucional disponía: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar...”. No obstante lo anterior, vimos cómo, desde que inició su infame mandato, el gran corruptor López Obrador decidió crear la Guardia Nacional y encomendar, tan solo en la gestión del tabasqueño, 80 tareas civiles más a las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Huelga decir que, aunado a dichas tareas, los presupuestos respectivos fueron altamente jugosos, atractivos y opacos. El apetito por darles más recursos y poder a las FF.AA., fue tan grande, que les encomendaron lo impensable: construcción de sucursales del Banco del Bienestar, construcción del AIFA, distribución de programas sociales, reparto de libros de texto gratuitos, entrega de regalos el Día de Reyes, cuidado de playas en época vacacional, la construcción del Tren Maya, vigilancia en el Metro de la CDMX, administración y control de puertos, aeropuertos, aduanas; Mexicana de Aviación, y tantas otras más. Paradójicamente la justificación fue que, al encomendar tal cantidad de tareas civiles a las FF.AA., terminaría la corrupción existente y se generarían ahorros relevantes. Resultado: con datos obtenidos por El Gran Diario de México, tan solo del 1 de octubre de 2024 al 25 de agosto de 2025, el gobierno federal hizo públicos 81 mil 862 contratos, de los cuales, el 65 por ciento fueron asignados por adjudicación directa (argumentando cualquier cantidad de excusas) y otros 6 mil 273 por invitación a cuando menos tres personas. El pretexto de la “seguridad nacional” es ya un modus operandi (y vivendi) en las compras de gobierno, a pesar de lo que dispone el artículo 134 constitucional en el sentido de que la regla general es que todos los contratos se asignen mediante licitaciones y convocatorias públicas. Y que, solo excepcionalmente, se recurra a adjudicaciones directas o por invitación restringida. El mundo al revés, pues. Veamos ahora cómo quedó la reforma al artículo 129 constitucional, publicada el último día del mandato de López Obrador (30 de septiembre de 2024), ya con una mayoría calificada espuria en el Congreso: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga previstas esta Constitución y las leyes que de ella emanen...”. Adiós disciplina militar. Bienvenidos puertos, aduanas, Guardia Nacional y, desde luego, huachicoleo fiscal. ¡Cuán injusto es culpar al almirante secretario Rafael Ojeda y a su Comandante Supremo Andrés Manuel López Obrador, por las transas de los sobrinos y aliados del entonces secretario de Marina! Impensable que tuvieran conocimiento de los 600 mil millones de pesos evadidos por IEPS no enterado, gracias al contrabando documentado de combustible. “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo”. No, almirante secretario Raymundo Pedro Morales. Aquí, lo imperdonable, es no castigar a la cúpula de esta mafia del poder.
Abogado. @JLozanoA
