Como se esperaba, el Instituto Nacional Electoral confirmó que Morena y sus aliados tendrán la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para hacer reformas constitucionales y que estos partidos políticos se quedan a 3 curules de obtener el equivalente en el Senado. La legalidad y legitimidad de esta decisión han sido discutidas extensamente.
Lo único que agregaría es que con este resultado ya contamos con otro argumento para aducir que logramos la aspiración de estar como Dinamarca, pero la de Hamlet, porque “hay algo podrido” en un país que permite que una coalición de partidos que obtiene el 54.7% de los votos en las elecciones de diputados federales, tenga el derecho a representación de 72.8% en la Cámara respectiva.
El siguiente paso es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pondere las impugnaciones de la oposición. Sin embargo, el escenario que se considera más viable es que se confirmen los anteriores resultados. De esta forma, existe una elevada probabilidad de que el nuevo Congreso apruebe en septiembre la reforma del poder judicial, la desaparición de la mayoría de organismos autónomos y otras reformas constitucionales sometidas a su consideración por el gobierno actual.
La preocupación tanto dentro como fuera del país ha sido considerable, por lo que esto implica para la separación de poderes y la existencia de los contrapesos requeridos para el funcionamiento adecuado de un régimen democrático. Pero también estamos recibiendo mensajes cada vez más alarmantes sobre las implicaciones económicas de estas acciones.
El tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense se ha depreciado en alrededor de 14% de finales de mayo a la fecha, principalmente como resultado de la preocupación por las referidas reformas. Además, algunos economistas han advertido que los mercados parecen haber subestimado los riesgos económicos de este escenario, por lo que en el futuro podría desencadenarse una reacción acumulada.
Las expresiones de angustia provienen de todas partes. A las de numerosos analistas dentro y fuera de México, se suman las de instituciones o sectores cuyos llamados de atención pueden tener implicaciones concretas. Algunos ejemplos. La calificadora Fitch ha advertido que la reforma del Poder Judicial podría debilitar el perfil institucional de México y que un deterioro de la gobernanza del país podría afectar su calificación soberana; el banco de inversión Morgan Stanley degradó la recomendación para invertir en México ante los riesgos derivados de la reforma al Poder Judicial; la iniciativa privada estadounidense ha enfatizado que las reformas pueden socavar la revisión del TMEC; y varias agrupaciones del sector privado mexicano y extranjero han hecho notar la incertidumbre jurídica y el deterioro del entorno para la inversión que resultaría de las reformas.
Y a esto tendríamos que añadir que desde hace años los especialistas en economía del sector privado encuestados por el Banco Central han señalado que el principal factor que obstaculiza el crecimiento económico en México, por mucho, está relacionado con problemas de gobernanza, y especialmente con la falta de estado de derecho. Como es obvio, las reformas constitucionales propuestas agravan el problema.
Es de especial preocupación, por su trascendencia potencial para la economía mexicana, que las autoridades de nuestros dos socios comerciales en el TMEC se estén uniendo a las voces de alarma. En particular, el gobierno estadounidense, a través de su embajador en México, ha destacado que la reforma judicial pone en riesgo la democracia en México y la integración comercial de nuestro país con Estados Unidos bajo las reglas del TMEC.
En suma, lo que está en juego con las referidas reformas constitucionales no es solamente la posibilidad de turbulencia en los mercados financieros nacionales, sino el crecimiento económico del país tanto a corto como a largo plazo. Y el problema es que con finanzas públicas muy frágiles y un crecimiento económico potencial que con cálculos optimistas apenas llegaría a 2% anual, los márgenes de maniobra para la siguiente administración son sumamente estrechos.
¿Puede el nearshoring convertirse en la gallina de los huevos de oro que ayude a mejorar el funcionamiento de la economía? Por supuesto. El problema es que con reformas como las propuestas, la intención parece ser más bien aniquilarla. Si este es el objetivo, debemos reconocer la eficacia de nuestras autoridades, porque no van a tardar mucho tiempo en lograrlo.
El panorama económico, que ya lucía muy complicado, será mucho peor si se aprueban las reformas. ¿Hay alguna esperanza? Son tres votos los que le hacen falta al gobierno en el Senado para lograr la mayoría requerida. No parece un obstáculo insalvable. Pero lo que está en juego, sin exageraciones, es el futuro económico y político de México. Ante lo que seguramente representará la decisión más importante de su carrera política, ojalá podamos ver una oposición sin grietas, con la mira centrada en el interés del país, y no en prebendas o amenazas. Si el milagro ocurre, será aquí. Todas las miradas estarán puestas en los votos de la oposición.
¿Y la nueva administración? Las señales positivas de un principio parecen haber sido una ilusión. Los posicionamientos recientes no dejan espacio para optimismo. ¿Tan pronto debemos perder la esperanza? La herencia que recibirán se ve cada vez más compleja. En el contexto actual de alta fragilidad, los riesgos son enormes. Más vale que tengan muy presente lo mal que empieza la semana para el (o la) que ahorcan en lunes.
