Los retos que México enfrentará en su relación con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump se han puesto nuevamente en evidencia durante las últimas semanas. Tras amenazas proteccionistas cambiantes a lo largo de su campaña presidencial, Trump anunció en noviembre del año pasado su intención de imponer aranceles generalizados de 25% a las importaciones de México y Canadá, además de uno adicional de 10% a las compras a China.
Posteriormente, el 6 de enero, un artículo del Washington Post, citando fuentes anónimas, aseguró que los aumentos de aranceles considerados por el equipo del presidente electo contemplan exclusivamente a importaciones consideradas críticas.
La respuesta de Trump no se hizo esperar. Apenas pocas horas después de la publicación del artículo, el presidente electo subió un mensaje en redes sociales afirmando que lo señalado por el Post es falso y que no tiene ninguna intención de dar marcha atrás en las acciones de política comercial dadas a conocer con anterioridad.
Este barullo ha dado nuevo ímpetu a la pregunta de qué es en realidad lo que tiene en mente Trump. De entrada, me parece que es importante tener presentes las dificultades para leer con claridad las señales del próximo presidente estadounidense y que, ante una personalidad tan impulsiva y volátil, no es posible descartar ninguna opción.
Trump parece contar con el poder legal en su país para aumentar los aranceles. De hecho, a raíz del artículo del Washington Post, la agencia de noticias CNN dio a conocer que el político estadounidense está considerando declarar una emergencia nacional para justificar barreras a la importación. La ventaja de esta vía es que permite al presidente de los Estados Unidos un poder amplio para levantar aranceles sin requerimientos estrictos para probar que son indispensables para la seguridad nacional. Además, esta no es la única opción.
Habiendo dicho lo anterior, la verdad es que me resulta difícil tomar como escenario base el de la imposición de un arancel generalizado de 25% a las importaciones canadienses y mexicanas, por el costo que ocasionaría para los Estados Unidos. ¿Tiene sentido implementar una medida que incidiría negativamente en la competitividad internacional de los productores estadounidenses y en el empleo en ese país?
Tanto los aranceles como las inevitables represalias de México y Canadá generarían presiones inflacionarias en Estados Unidos, lo que se está reflejando ya en las expectativas de inflación de los consumidores. ¿De verdad estaría Trump dispuesto a pagar el resultante costo político, sobre todo tomando en cuenta que los elevados niveles de precios en su país pesaron de manera importante en su victoria sobre Biden?
No lo creo. En el pasado, Trump ha hecho amenazas similares, como la construcción de un muro a lo largo de su frontera sur pagado por México o la terminación del TLCAN el primer día de su periodo presidencial anterior, que no se han materializado.
¿Cuál sería entonces la acción más viable en materia comercial al inicio de la siguiente administración estadounidense? En mi opinión, un incremento de aranceles selectivo y temporal que le permita argumentar que cumplió su promesa y mantener la presión sobre sus socios, sin incurrir en costos absurdos para todos.
Desafortunadamente, nadie puede asegurar este resultado. Además, un arancel generalizado de 25% a las importaciones de México y Canadá pondría en duda la supervivencia del TMEC. ¿Qué credibilidad tendría un acuerdo comercial en el que uno de los socios no respeta las reglas acordadas? Dado que los costos para México serían desmesurados, sería irresponsable que nuestras autoridades no consideraran a este escenario como una posibilidad real.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha señalado que después de varios meses de trabajo el gobierno está preparado para hacer frente a cualquiera de los escenarios factibles una vez que Trump asuma el poder. Ojalá que las acciones que se tienen contempladas sean suficientes ya sea para evitar el levantamiento de aranceles en los Estados Unidos o bien para lidiar con los efectos de los que se decida implementar.
Pero incluso de ser este el caso y de prevalecer el pragmatismo en ambas partes, persistiría la duda de cuál será el costo para México de la negociación. En particular, qué tanto se cederá en otros aspectos clave de la relación con Estados Unidos, especialmente migración, seguridad y la relación económica con China. También habrá que evaluar el precio que se tendrá que pagar en términos de turbulencia en los mercados financieros y de debilitamiento de la actividad económica ante el impacto adverso de este entorno de incertidumbre en la inversión.
Y más vale que nos hagamos a la idea de que esta situación va para largo. Ni siquiera podemos suponer que las dificultades en la relación con Estados Unidos terminarán con la revisión o en su caso renegociación del TMEC en 2026. Los problemas van a seguir mientras Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos.
