En un artículo publicado el 14 de enero en este diario, comenté que no consideraba que la amenaza de Donald Trump de imponer un arancel generalizado de 25% a las importaciones de Estados Unidos a México fuera considerado como el escenario más probable. También mencioné que en virtud de una combinación de factores sería un error descartar este escenario.
Pues bien, a principios de este mes se decidió posponer hasta el 4 de marzo la introducción de los aranceles, abriendo el espacio para que funcionarios de los dos países discutan posibles acciones en temas migratorios, de tráfico de fentanilo y la relación con China, principalmente, que permitan eliminar esa acción.
¿Qué tanto ha cambiado la perspectiva a la luz de la información adicional? Aunque en el fondo la conclusión es la misma, existen nuevos ingredientes que vale la pena destacar.
En primer lugar, mantengo la impresión de que los aranceles representan un instrumento de negociación que puede descartarse si el gobierno mexicano pone en marcha medidas que el mandatario estadounidense considere adecuadas en las áreas señaladas. ¿Porqué aceptaría posponer la introducción de los aranceles y el inicio de negociaciones si este no fuera el caso?
El anuncio de ayer sobre la intención de imponer aranceles de 25% a todas las importaciones estadounidenses de acero y aluminio no altera la situación, ya que el comunicado del 1 de febrero contempla ya un arancel generalizado a las compras a México y Canadá. Además, algunas fuentes han señalado que la intención es introducir estos aranceles el 4 de marzo, por lo que el espacio de negociación sigue vigente.
En segundo lugar, el gobierno mexicano se ha preparado bien para hacer frente a los distintos escenarios que pueden presentarse ante las medidas anunciadas por Trump. Tanto la actitud como las acciones tomadas han sido las adecuadas. Así, se ha evitado un escenario aciago en el que el principal perdedor sería nuestro país.
En suma, la información más reciente confirma que las dos partes tienen interés en llegar a un acuerdo. Bajo la presencia de objetivos convergentes, y tomando en cuenta los riesgos involucrados, sobre todo para México, lo lógico es suponer que el arreglo es posible y probable. En otras palabras, aunque no existe una garantía, el escenario base de que la negociación finalice sin que los aranceles anunciados se materialicen subsiste. La gran duda es cuándo y a qué costo.
Por los motivos expresados, es poco probable que Estados Unidos imponga aranceles a México al finalizar la fecha límite de principios de marzo. Sin embargo, también se ve muy difícil que tengamos una solución definitiva del tema para esa fecha.
Para empezar, se encuentra en proceso una revisión de las prioridades de política comercial de Estados Unidos, que abarca temas de seguridad nacional, y servirá de base para evaluar la necesidad de erigir barreras comerciales a México y Canadá. Es ilógico pensar que el gobierno estadounidense tomará una decisión antes de contar con las conclusiones de estos trabajos, programadas para el 1 de abril.
Pero los retos no se acaban aquí. Es de esperarse que Trump siga usando la amenaza de aranceles mientras se mantenga abierta la negociación del TMEC, como un arma para obtener concesiones adicionales. Y no debería sorprender a nadie que continúe haciendo uso de este instrumento para fortalecer su posición negociadora en todo tipo de temas a lo largo de su mandato.
Llama la atención que con la decisión de posponer por un mes el levantamiento de los aranceles los dos países salieron a cantar victoria. Es cierto que con las negociaciones llevadas a cabo se pudo descartar el peor de los escenarios, cuando menos por algunas semanas. La importancia de este resultado debe reconocerse. Pero ¿de verdad es una victoria?
De entrada, mientras no exista un acuerdo definitivo el riesgo de que la amenaza arancelaria se materialice seguirá vigente. Pero aun suponiendo que este desenlace se evita, como ya señalé, las negociaciones pueden extenderse por un periodo prolongado, y sus resultados materializarse a través de acuerdos parciales y demandas cambiantes.
Este entorno de incertidumbre puede afectar la credibilidad del TMEC y reflejarse en la inversión y por tanto en el crecimiento económico de México. Bajo estas condiciones, también es de esperarse una alta volatilidad en nuestros mercados financieros. A lo anterior habría que agregar los posibles costos de la negociación con el gobierno de Trump, y el hecho de que no existen compromisos concretos de las autoridades estadounidenses para contribuir a la superación de los problemas más álgidos de la relación bilateral.
Tampoco Estados Unidos tiene mucho de qué presumir. En economías con lazos tan fuertes que algunos sectores conforman de facto una sola industria en dos países, el debilitamiento de la economía mexicana se reflejaría en la estadounidense y sería contraproducente para los objetivos buscados por su gobierno. Además, la incertidumbre también afecta la inversión en Estados Unidos. La simple posibilidad de levantar aranceles ya está generando respuestas de empresas (y gobiernos de otros países) que en nada benefician a la economía estadounidense. Y todo esto sin tomar en cuenta la catástrofe que veríamos si se desata una guerra comercial global.
¿Existe algún área en la que México pueda verse favorecido por las presiones del gobierno estadounidense? Se me ocurre al menos una. Las presiones podrían permitir avances en el combate a la inseguridad que de otra forma habrían sido imposibles. Lo anterior daría algo de consuelo ante un panorama tan sombrío.
