Es sumamente doloroso ver las escenas de la tragedia ocasionada por Otis en Acapulco y otros municipios del Estado de Guerrero. Y el pesar se acentúa al considerar que este es el tercer estado más pobre del país y el segundo en pobreza extrema.
Los comentarios que de manera masiva han surgido respecto de la respuesta gubernamental al desastre, han sido objeto de una reacción agresiva por parte de las autoridades. No debería ser así, ya que es mucho lo que se puede aprender de la crítica. Además, las reacciones negativas a esta dan lugar a desconfianza y desunión, precisamente en el momento en que se necesita lo opuesto. Por otra parte, ¿no debería ser la crítica un componente de la rendición de cuentas?
Sabemos desde hace tiempo que, principalmente como resultado del cambio climático, el riesgo de fenómenos meteorológicos de mayor magnitud de los que hemos visto hasta ahora se ha incrementado. Asimismo, es bien conocido que este tipo de desastres golpea con particular fuerza a los más pobres, y que sus consecuencias se hacen más graves en entornos caracterizados por situaciones de violencia y debilidad del estado de derecho, como los que prevalecen en buena parte del país.
También sabemos que, por sus características geográficas, México tiene una alta exposición a una amplia variedad de desastres naturales. Como resultado, a lo largo de la historia hemos sido afectados por numerosos de ellos.
Todo lo anterior sugiere que debería haber una gran experiencia en nuestro país en el manejo de este tipo de fenómenos, y preocupación por la necesidad de estar bien preparados para hacerles frente. Por tanto, sería de esperarse que el Programa Nacional de Protección Civil, a cargo principalmente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, contara con los procedimientos de emergencia requeridos para responder de manera expedita cuando sea necesario.
Paradójicamente, lo primero que llama la atención del paso de Otis por el Estado de Guerrero es la falta de apego a un protocolo de acción, primero ante el riesgo y después ante las consecuencias del huracán.
Es cierto que la velocidad con la que Otis pasó de tormenta tropical a huracán de categoría 5 es inusitada. Pero también lo es que varios periodistas han probado que la información disponible habría permitido actuar más rápido, lo que habría atenuado los costos humanos y materiales del huracán. No me imagino al Presidente de la República verificando minuto a minuto esta información. Pero ¿no es esta una responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de las autoridades del Estado de Guerrero?
El siguiente problema se presentó en el momento de lanzar la alerta. Se nos ha informado que esto se realizó a través de un mensaje por Twitter. Con todo respeto, es difícil concebir un protocolo que recomiende advertir a la población por esta vía. ¿Se alertó a las autoridades federales y estatales responsables para que dieran la voz de alarma y se tomaran las medidas conducentes?
La respuesta de las autoridades una vez que el huracán impactó las costas de Guerrero también genera interrogantes. Algunos ejemplos. ¿Porqué, en vez de invertir tiempo valioso en acciones de poca utilidad, no se convocó de inmediato a una reunión de todos los miembros del gabinete involucrados para definir una estrategia? ¿No debieron el ejército, la Guardia Nacional y la policía guerrerense resguardar oportunamente los puntos críticos de las zonas afectadas para evitar su saqueo? ¿Por qué sigue habiendo quejas de organizaciones internacionales, de que no se permite la entrega de donativos directamente a los damnificados? ¿Por qué se redujo tan drásticamente el número de municipios considerados como zonas de desastre?
Después del anuncio de una serie de medidas aisladas, el 1 de noviembre se anunció un plan de reconstrucción de las zonas afectadas, por un monto de 61, 313 millones de pesos (alrededor de 3,400 millones de dólares). Además, las autoridades han señalado que destinarán todo lo que sea necesario para apoyar a la población y reconstruir las zonas afectadas lo más rápido posible.
Aunque el plan anunciado parece un esfuerzo valioso, las dudas persisten.
En primer lugar, no existe certeza sobre el origen de los recursos para este año y el siguiente. Es preocupante que el partido en el gobierno y sus aliados hayan aprobado en lo general un Presupuesto de Egresos para 2024 que no incluye partidas con este fin.
En segundo lugar, considerando las estimaciones preliminares de las pérdidas causadas por Otis (de 10 a 16 mil millones de dólares según diversas fuentes) y los montos involucrados en episodios anteriores, el plan parece más bien una primera etapa de un esfuerzo que requerirá de mucho mayores recursos y de un periodo prolongado.
En tercer lugar, no queda claro que exista un programa integral que considere también la superación urgente de otros retos, entre ellos el riesgo de una crisis sanitaria, las graves deficiencias de abasto de alimentos e insumos, un deterioro aun mayor de la situación de inseguridad y los costos educativos que resultarán del huracán.
México tendrá que hacer frente a las consecuencias de más desastres naturales, con costos potenciales incluso mayores que los derivados de Otis. ¿Por qué no se diseñan mecanismos adecuados de emergencia para prever y enfrentar otros desastres? ¿Por qué, para evitar los problemas que estamos viendo hoy en día, no se crean fondos especiales, con recursos suficientes y esquemas operativos adecuados, no sujetos a los vaivenes presupuestales anuales, similares al anterior Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN)? ¿Por qué no se introducen esquemas de rendición de cuentas funcionales, que permitan atender debidamente los casos de negligencia o incompetencia?
Ojalá que las lecciones de Otis se aprendan. Debemos hacer todo lo posible para evitar escenarios en los que un desastre natural es acompañado de otro de políticas públicas.
