La semana pasada nuestras autoridades dieron a conocer el Plan México. Se trata de un documento importante, ya que independientemente de que se esté o no de acuerdo con su contenido o su viabilidad, plasma lo que el gobierno considera que son los elementos fundamentales de su estrategia de desarrollo económico para los próximos seis años.
Dentro de sus aspectos positivos, destaca que se sustenta en un trabajo en equipo que marca una diferencia importante, y ojalá entierre para siempre, con el enfoque de ocurrencias que tan costoso está resultando para el país.
Asimismo, vale la pena subrayar la relevancia que se da, al menos en el papel, a la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura y en el sector energético, a las oportunidades que brinda la relocalización internacional de cadenas productivas, al desarrollo científico y tecnológico, a la educación, a la digitalización y la agilización de trámites, al desarrollo de una proveeduría local, a las empresas medianas y pequeñas, y al desarrollo regional.
La Presidencia Sheinbaum explicó que el documento es un primer borrador, porque desea que se incorporen todas las ideas. Esto me parece valioso, ya que si queremos que el Plan tenga éxito, analistas independientes, sociedad civil y sector privado deberíamos asumir el compromiso de expresar con franqueza nuestra opinión, y las autoridades de escucharlas, analizarlas y atenderlas.
Desde mi punto de vista, no obstante sus elementos positivos, el Plan México enfrenta numerosas áreas de oportunidad. Por razones de espacio, me limito a resaltar algunas de ellas.
El componente del Plan que resume su objetivo general es la meta de crecimiento económico, que busca ubicar a México entre las diez economías más grandes del mundo para 2030. Según el FMI, en 2024 México estaba en el lugar 13. Es difícil evaluar con precisión qué tan ambiciosa es esta meta sin expresarla en términos de crecimiento medio anual del PIB. Desafortunadamente, esta cifra no está incluida en el documento.
Haciendo un cálculo con las proyecciones de la base de datos del FMI, para lograr la meta señalada se requeriría de un crecimiento medio anual de 5.9% de 2025 a 2030, lo que, con cifras ajustadas para reflejar el poder de compra de cada economía, ubicaría al PIB de México por encima de los del Reino Unido e Italia.
Si, considerando las circunstancias, se toma como bueno el pronóstico del FMI del crecimiento del PIB de México para 2025 (1.4%), la cifra para el periodo 2026 a 2030 sube a casi 7%. Como punto de referencia, el crecimiento potencial de la economía es actualmente, en el mejor de los casos, de 2%.
Desconozco los supuestos que utilizaron las autoridades en sus proyecciones, pero me parece indispensable que los transparenten y los ajusten con criterios realistas. De otra forma, uno de los pilares del Plan México, la meta de crecimiento económico, carecerá de credibilidad.
Las finanzas públicas en México enfrentan una situación sumamente compleja que abarca su sostenibilidad, la enorme brecha entre las necesidades del país y los recursos disponibles para atenderlas, la deficiente composición del gasto y la difícil situación de Pemex. Ninguno de estos temas es analizado en el documento. Sin una atención adecuada de los mismos, el Plan no es viable.
El Plan México busca incrementar la razón de inversión a PIB a más de 28% para 2030. Dada la situación de las finanzas públicas, este aumento debería provenir fundamentalmente del sector privado. Desafortunadamente, las condiciones para que esto ocurra no están dadas. El problema más grave, aunque no el único, es la falta de certeza jurídica en el país, acrecentada por la reciente reforma judicial. El diálogo de sordos que estamos presenciando en este ámbito debe terminar.
La relocalización de cadenas productivas hacia México, para ser exitosa, debe cumplir con una serie de requisitos mínimos que las mismas empresas han dado a conocer con toda claridad: acceso a agua, electricidad limpia, gas, certeza legal y seguridad, principalmente. El Plan será de ayuda solo en la medida en que existan acciones concretas que lleven a pensar que se van a satisfacer estas necesidades
La participación de la mujer en la actividad económica en México, de apenas 46%, es la segunda más baja entre los países de la OCDE. Este problema debería superarse con urgencia no solamente como una obligación social, sino como una forma de incrementar rápidamente el crecimiento potencial de nuestra economía, y de aliviar la pobreza y la desigualdad. La experiencia de países como España o Irlanda muestran los méritos de un enfoque de esta naturaleza. Sorprende que este tema, cuya atención requiere de montos considerables de recursos públicos, no se incluya en el Plan México.
Y la lista sigue. No parece haber una correspondencia adecuada entre las metas del Plan y la asignación de gasto público; aunque el Plan hace propuestas valiosas en materia educativa, no queda claro cuál será el papel de la llamada Nueva Escuela Mexicana, cuya orientación es incompatible con el esquema planteado; para que el objetivo de combatir la desigualdad y la pobreza sea viable, es indispensable reconocer que los márgenes de libertad de la estrategia basada en aumentos al salario mínimo y apoyos gubernamentales están prácticamente agotados; etc.
Descartar estos y otros comentarios al Plan México sin más análisis, puede convertir a las metas fijadas en un simple punto de referencia para evaluar la magnitud de su fracaso. Ojalá no se cometa ese error.
Economista y subgobernador del Banco de México 2013-2020
