Los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2026 dados a conocer por la SHCP la semana pasada no dejan lugar a dudas sobre el embrollo en el que están metidas nuestras finanzas públicas. Apenas en abril se anticipaba para ese año una disminución del déficit fiscal en su definición más amplia a entre 3.2 y 3.5% del PIB.
Con la información más reciente dicho déficit se proyecta en 4.1%, un descenso marginal frente a la cifra prevista para 2025 (4.3%), también superior a la estimada en abril. Según los cálculos de la SHCP, de materializarse este resultado, la deuda pública se ubicaría este año y el siguiente en 52.3% del PIB, es decir, casi 9 puntos porcentuales mayor a la observada en 2018.
Adicionalmente, este pronunciado endeudamiento ha venido acompañado de un desplome de la inversión pública, que se proyecta en apenas 2.4% del PIB para 2025, su registro más bajo desde 2019. Este nivel es a todas luces insuficiente tomando en cuenta las necesidades del país en educación, salud, infraestructura, seguridad, energía, etc.
Por desgracia, es probable que ni siquiera sea posible lograr las metas para el déficit fiscal y la deuda pública para 2026. Dado que la propuesta presentada por las autoridades contempla un aumento del gasto gubernamental, la estrategia está basada en una combinación de acciones por el lado de los ingresos y supuestos optimistas.
Entre estos últimos destacan la expectativa de crecimiento de la economía, que la SHCP ubica en 2.3% en 2026, frente a proyecciones de los especialistas del sector privado encuestados por el Banco de México de 1.4%; una plataforma de producción petrolera de 1.8 millones de barriles diarios, que francamente no veo cómo se va a materializar; una tasa de interés de 6%; y una apreciación del peso frente al dólar. De esta forma, es de esperarse que en abril de 2026 cuando se presenten los pre Criterios para 2027, veamos un ajuste al alza de las referidas proyecciones del déficit fiscal y la deuda pública.
Con todo, la información dada a conocer por nuestras autoridades les está permitiendo ganar tiempo. Un indicador relevante al respecto es la reciente decisión de Standard&Poors de ratificar la calificación crediticia de la deuda soberana de México con una perspectiva estable. Esto hace suponer que cuando menos esta importante agencia no tiene la intención de modificar dicha calificación durante los próximos meses. Lo que no me queda claro es cómo se aprovecharía este respiro, si efectivamente se materializa.
Los escenarios de mediano plazo presentados por la SHCP en los anexos del documento, aunque inerciales, son sumamente útiles para entender la situación de nuestras finanzas públicas. En particular, no dejan lugar a dudas de que, bajo las tendencias actuales de ingreso y gasto públicos, el espacio fiscal para aumentar la inversión gubernamental es nulo. Y esto a pesar de que las estimaciones están basadas en hipótesis optimistas.
Por ejemplo, la SHCP supone, entre otras cosas, un crecimiento potencial de nuestra economía de 2%, que se compara con la cifra de 1.8% de los especialistas encuestados por Banxico, que todavía me parece sesgada al alza; la solución de los problemas financieros de Pemex; un fuerte aumento de la producción petrolera privada; tasas de interés internas compatibles con una inflación de 3% a partir de 2026; un tipo de cambio de alrededor de 18 pesos por dólar hasta 2031; y un crecimiento sano de la economía estadounidense.
Aun con estas bases, según las estimaciones de la SHCP para impedir un deterioro del cociente de deuda a PIB, sería necesario reducir el déficit fiscal a 3% del PIB a partir de 2028, lo que implicaría niveles de inversión pública de solo 2.3% del PIB en promedio para el periodo 2028-2031. Obviamente, el escenario que probablemente se materialice es mucho más lúgubre. Por tanto, si se desea mantener la estabilidad macroeconómica, algo va a tener que ceder.
Dado que los márgenes para seguir aumentando la deuda pública son muy estrechos, los esfuerzos deberían descansar en medidas de ingreso y gasto. El secretario de hacienda ha señalado que no tienen la intención de buscar una reforma fiscal integral. Creo que esta habría sido una opción sensata a inicios de la presente administración, condicionada a un compromiso transparente y racional del uso de los recursos públicos, y antes de comprometer nuevos programas de gasto social para los que no se previó financiamiento.
En ausencia de una reforma fiscal, las acciones seguramente afectarían en mayor medida el gasto que los ingresos. Lo natural sería cancelar proyectos inviables, dar una solución definitiva al problema de Pemex y reconocer que no existen suficientes recursos para sostener los programas sociales. Sin embargo, dado que el hilo se rompe por lo más delgado, sería de esperar que en este escenario fueran principalmente la inversión pública y, por tanto, el crecimiento económico quienes pagaran los platos rotos. Aunque no se puede precisar la magnitud del ajuste, no hay duda de que sería severo.
Buena parte del debate sobre los CGPE para 2026 se ha concentrado en sus propuestas de ingreso y gasto. Esa discusión es importante. Pero el problema de fondo es un manejo de las finanzas públicas acotado por ocurrencias del pasado, debilitado por la sangría financiera de Pemex y enfocado en objetivos electorales de corto plazo. Si no se corrige la estrategia, todos vamos a pagar un costo elevado, el gobierno actual incluido.
