El Día Internacional de la Mujer, conmemorado el 8 de marzo, representa un reconocimiento a generaciones de mujeres que han trabajado por obtener derechos fundamentales y un homenaje a las contribuciones de muchas de ellas al desarrollo de sus comunidades. Pero, al mismo tiempo, es un recordatorio de las barreras económicas, sociales y culturales que todavía limitan sus oportunidades y que requieren de la debida atención de la sociedad.
Según información reciente del Banco Mundial, menos de 5% de las mujeres del mundo viven bajo condiciones de igualdad legal. Además, ningún país ha logrado establecer las normas jurídicas que les permitan una participación plena en la economía. E inclusive en naciones donde existen leyes de igualdad de género, las mujeres a menudo carecen del apoyo institucional requerido para convertir estos derechos en una realidad.
Esto es por supuesto inaceptable. Pero también actúa en detrimento de los intereses de la sociedad. Existe evidencia abundante de que la incorporación de las mujeres a la actividad económica, además de posibilitar el aprovechamiento profesional de un acervo enorme de capital humano, aumenta la productividad, disminuye la pobreza y, en general, conduce a una mejora del bienestar social.
Nuestro país ha registrado avances en este frente en la última década, entre ellos una mayor paridad de género en actividades políticas y la educación. Sin embargo, existe todavía un amplio trecho por recorrer y el desempeño en el ámbito económico deja mucho que desear.
Por ejemplo, la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral es de alrededor de 46%, mientras que la de los hombres se ubica en 75%; la informalidad laboral, problema trascendental en nuestro país, es aun más acentuada en el caso de las mujeres; México es el segundo país de América Latina con la mayor brecha de género salarial; la correspondiente al acceso a pensiones se ha incrementado en las últimas décadas; y las mujeres dedican alrededor de 40 horas semanales en promedio al trabajo doméstico y de cuidados, lamentablemente no remunerado, cifra equivalente al doble de la que corresponde a los hombres.
Y a lo anterior hay que agregar la violencia contra las mujeres, que en México es un problema grave y estructural. Según el INEGI, 70% de las mujeres de 15 años o más reportan haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
Nuestro marco legal todavía no alcanza los niveles a los que debemos aspirar. Un análisis del Banco Mundial publicado a finales de febrero ubica a la legislación mexicana que garantiza los derechos económicos de las mujeres en el lugar 45 de 190 países analizados. Sin embargo, este ni siquiera es el problema principal. Al evaluar su aplicación México cae al lugar 87, poniendo de manifiesto la enorme distancia entre las intenciones y la realidad.
Para reducir la brecha de género se requiere una combinación de políticas públicas, cambios institucionales y acciones del sector privado. Las áreas en las que es preciso actuar son bien conocidas. Abarcan la expansión de los sistemas de cuidado infantil y de otras personas dependientes, la promoción de esquemas laborales flexibles, la facilitación del acceso de las mujeres al financiamiento, la introducción de licencias parentales más balanceadas, el incremento de la presencia femenina en carreras universitarias relacionadas con la ciencia y la tecnología, la adopción por el sector privado de políticas que promuevan la participación femenina y el combate de patrones culturales que asignan a la mujer una responsabilidad excesiva en las tareas del hogar, entre otras.
¿Es viable obtener buenos resultados? Por supuesto. La experiencia de países como España e Irlanda muestra que, con las políticas adecuadas, la participación de las mujeres en la actividad económica puede aumentar de manera considerable en plazos relativamente cortos.
El Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2025-2030 contempla a la “igualdad sustantiva y derechos de las mujeres“ como uno de sus ejes transversales. Además, la estrategia planteada incluye la mayoría de las acciones señaladas anteriormente. La gran duda es qué parte de esta estrategia será al final letra muerta.
Uno de los retos principales es el apoyo financiero. En el caso del sistema de cuidados, pieza crucial para permitir a las mujeres acceder a empleos formales, según cálculos de la ONU solamente para la cobertura de niños menores de seis años se necesitaría un presupuesto anual de 1.2% del PIB, alrededor del doble de lo asignado en la actualidad. Si el respaldo se extendiera a apenas 40% de los millones de adultos mayores que lo necesitan, el costo adicional se estima en 0.5% del PIB.
En virtud de la magnitud del esfuerzo requerido, para que las políticas de igualdad de género en nuestro país sean efectivas, es indispensable contar con recursos suficientes y sostenidos en el tiempo, tanto privados como, sobre todo, del sector público.
Si bien es cierto que nuestro gobierno enfrenta un espacio fiscal limitado, ello no impide avanzar, ya que la tela de donde cortar para ajustar la composición del gasto público es muy amplia. Orientar el presupuesto necesario a la reducción de la brecha de género no es solo una decisión eficiente desde el punto de vista económico, sino también un imperativo de justicia social. Las mujeres lo merecen.