En las últimas semanas se ha incrementado la inquietud por la posibilidad de una recesión en México durante 2025. Aunque la perspectiva de un debilitamiento de la actividad económica se había hecho patente desde hacía tiempo, el mayor nerviosismo parece haber sido detonado por la aprobación de la reforma judicial y sus efectos potenciales sobre la inversión nacional y extranjera.
Quisiera aclarar que la posibilidad de una recesión el año próximo no representa el escenario base para la mayoría de analistas. La mediana de las proyecciones de la última encuesta de Citibanamex entre los especialistas del sector privado es de un crecimiento real del PIB de 1.5% en 2024 y una ligera desaceleración a 1.3% en 2025.
Obviamente, es difícil hacer una evaluación de estos pronósticos sin conocer los argumentos que los sustentan. Pero me cuesta trabajo pensar en un escenario en el que el ritmo de actividad económica prácticamente se mantiene sin cambios este año y el siguiente.
Por una parte, la desaceleración de la economía mexicana se está reflejando ya en numerosos indicadores. Además, es de esperar que en 2025 se lleve a cabo un ajuste importante del gasto público, dado que el déficit fiscal proyectado para este año, de alrededor de 6% del PIB, es insostenible. A lo anterior habría que agregar la pausa en el gasto privado que normalmente se observa durante los cambios de gobierno en México.
Existen dos factores adicionales que deben ser tomados en cuenta en la coyuntura actual. El primero es el mencionado líneas arriba sobre la reforma judicial y sus implicaciones para la inversión. El segundo tiene que ver con la desaceleración de la economía estadounidense, que llevó la semana pasada a la Reserva Federal a bajar en 50 puntos base su tasa de referencia. Aun bajo el escenario de un aterrizaje suave de esa economía, lo lógico es anticipar que su impacto adverso sobre las exportaciones mexicanas continuará o se acentuará.
En suma, me resulta difícil encontrar los factores que impulsarían el crecimiento económico en México en 2025. Puesto de otra forma, más que un posible riesgo, pareciera más razonable considerar a una recesión como el escenario base.
Ahora bien, el que haya o no una recesión en 2025 no me parece la principal preocupación. El tema más importante es qué conjunto de políticas se deben implementar para sentar las bases de un crecimiento económico sano en los próximos años.
Las acciones requeridas son numerosas. Pero existen cuando menos dos aspectos que deben atenderse con urgencia. El primero es la política fiscal. Nuestro país enfrenta una alta fragilidad en las finanzas públicas que de no resolverse nos puede llevar a una situación de inestabilidad macroeconómica.
El problema no se limita exclusivamente a la corrección del déficit fiscal proyectado para este año. Existe otro reto aun más importante en el mediano plazo, propiciado por compromisos de gasto que no han previsto la necesidad de contar con suficientes recursos para financiarlos, por los graves rezagos del gasto público en numerosas áreas cruciales para el desarrollo del país y por la frágil situación financiera de varias empresas públicas, particularmente PEMEX.
Por tanto, lo que necesitamos para 2025 es una reducción agresiva del déficit, acompañada de una estrategia convincente de cómo se van a resolver las presiones sobre las finanzas públicas en el mediano plazo. ¿Acentuaría esto la debilidad de la economía? Es probable. Pero el efecto sería meramente temporal, ya que como contrapartida se lograría una mayor confianza en el manejo de la política macroeconómica y se ampliarían los márgenes para el relajamiento de la política monetaria.
El segundo factor se vincula a la reforma judicial. Los representantes del sector privado nacional y extranjero nos están gritando que esto va a afectar seriamente sus decisiones de inversión. Además, el gobierno estadounidense nos está señalando de una manera igualmente estruendosa que la reforma puede afectar nuestra relación comercial. Esto último sugiere que en lugar de una revisión del T-MEC, lo que podríamos ver en 2026 es una sumamente peligrosa renegociación del Tratado.
Es una buena noticia que el nuevo gobierno piense llevar a cabo en breve una reunión al más alto nivel con empresarios nacionales y estadounidenses. Espero que esto vaya acompañado del anuncio de acciones concretas. ¿Quién en su sano juicio puede pensar que van a haber montos de inversión suficientes en un país en donde las reglas del juego no son claras y en el que la relación económica futura con su principal socio comercial está en el filo de la navaja?
La reforma judicial y el resultante golpe a la democracia ya están en la Constitución mexicana. Pero no todo está perdido. La legislación secundaria todavía puede darnos márgenes de acción que, aunque altamente vulnerables, pueden ser importantes. En esta dirección parece apuntar el vocero del Departamento de Estado de nuestro vecino del norte, cuando habla de “continuar el diálogo con las autoridades mexicanas sobre la implementación de la reforma judicial”. Como es obvio, la perspectiva de una búsqueda de consensos respecto del futuro de los organismos autónomos es también un tema crucial.
El nuevo gobierno tiene la posibilidad y la obligación de atender debidamente los retos señalados. De otra manera, con recesión o sin ella en 2025, los próximos años serán dominados por el espectro de una crisis macroeconómica y un crecimiento potencial aun más débil que el actual.
