En los últimos días, se ha acrecentado la radicalización de posturas respecto a la reforma eléctrica planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Advertencias, “sugerencias” presidenciales a diputados de oposición, acoso en redes sociales, amago de bloqueos en la sede legislativa, cancelación de sesiones y programación de votación en Domingo de Pascua…
He visto que a diputadas y diputados del bloque oficial y de la oposición se les cuestiona su voto a favor o en contra, nada extraño ni malo, pero también he observado que circulan insultos y amenazas, exposición de datos personales, todo basado en un supuesto muy peligroso: la idea de que se tiene el monopolio de la verdad.
Es decir, pensar que todo México debe seguir a pie juntillas un solo pensamiento, que toda la ciudadanía tiene una sola perspectiva sobre las cosas, que todas las personas deben asentir o negar al mismo tiempo.
México no es así. Si algo nos caracteriza como sociedad es la diversidad de pensamiento. Y de hecho esa diversidad se refleja en cada proceso electoral y en la composición de los Poderes del Estado, especialmente en el Legislativo.
Así, cada diputada y diputado refleja a los votantes de sus fuerzas políticas, en esa diversidad que es nuestra Nación.
Estoy en contra de la reforma eléctrica que se votará este domingo. Es un voto razonado y basado en análisis de personas expertas en el tema eléctrico, energético, económico y ambiental. De estos análisis, que no son someros sino de fondo, parte una afirmación que he mencionado con anterioridad en este espacio: es una reforma tóxica.
Es una reforma que propone destruir un camino andado en la transición energética para garantizar menores emisiones contaminantes. Privilegia el consumo de combustibles fósiles para generar electricidad, en vez de apoyar proyectos sustentables.
Se calcula que, de aprobarse, el consumo de carbón para generar energía aumentaría un 129%. Y la emisión de dióxido de carbono podría aumentar hasta un 65%.
Es una reforma que incrementaría en un 52% el costo de generar energía eléctrica. Y ese incremento lo pagaría la ciudadanía.
Hay otras consecuencias aparejadas a la reforma eléctrica que propone el régimen, relacionadas con la cancelación de contratos a particulares. Esa acción motivaría demandas que expertos calculan en más de 85 mil millones de dólares, nuevamente a pagar por la ciudadanía.
Algo más a tomar en cuenta: propone el régimen que se elimine a los órganos reguladores en materia energética y eléctrica, y que la CFE sea al mismo tiempo jugador y árbitro en el mercado eléctrico. Evidentemente eso desincentivaría la inversión nacional y extranjera.
Más allá de posturas ideológicas, me parece que quienes tenemos una representación en el Congreso federal debemos tomar como primera premisa el beneficio de las mexicanas y los mexicanos, pues todos recibiremos los efectos de la decisión. No es un voto a la ligera.
Se trata de pensar en las personas, en el presente y sobre todo en el futuro.
Un futuro en el que la electricidad se produzca de forma limpia, con la menor cantidad posible de contaminación. Un futuro en el que no haya monopolios que respondan a una sola voluntad caprichosa, sino que haya competencia que beneficie con menores costos para la ciudadanía, y que se rinda cuentas claras.
Un futuro que respete el medio ambiente para quienes estamos y para quienes vienen.
