Después de la tajante negativa de la Secretaría de Hacienda a la solicitud del INE para otorgarle recursos que hicieran posible el ejercicio de revocación de mandato con las características que la ley dispone, la autoridad electoral determinó modificar el formato del mismo para poderlo llevar a cabo.
Ya no será similar a una elección federal, con 162 mil 570 casillas, sino parecida a la consulta popular, con 57 mil 77 casillas y 300 especiales.
¿Afectará en algo este cambio de formato? En cuanto a la representatividad de la muestra, no. Todo depende, claro, del número de personas que acudan a manifestar su opinión. Pero en lo que respecta a la cobertura geográfica, definitivamente habrá mayor dificultad para acceder a una casilla, como se puede deducir por simple aritmética.
Sin embargo, tal circunstancia no puede ser achacable a la autoridad electoral. Bien lo advirtió con mucho tiempo el INE y también así lo indica la Ley: para la realización de un ejercicio tan amplio y tan relevante como es un proceso de revocación de mandato, se requiere de una base votante igual al de una elección federal.
Esta relevancia es tan grande porque en teoría se trata de una expresión de la ciudadanía ante un gobierno al cual se le ha perdido la confianza.
Pero en el colmo de la ironía o mejor dicho de la incongruencia, ha sido el propio gobierno federal y su partido Morena quienes promueven el proceso de revocación queriéndolo disfrazar de una inexistente ratificación; ha sido el propio gobierno federal el que ha movido cielo, mar y tierra para dejar sin recursos al INE para realizar dicho proceso, y el propio gobierno federal y sus aliados se han desvivido culpando al INE por la insuficiencia presupuestal.
Seguramente serán el gobierno y sus partidarios de Morena quienes culparán al INE porque se instalen 57 mil 377 casillas y no 162 mil 570. Pero si no hay recursos para un ejercicio ideal, es porque el régimen cerró la llave del financiamiento público.
Ayer participé en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Coincido con los argumentos de las y los consejeros ciudadanos en el sentido de que el resultado de la modificación al formato no es lo óptimo, pero es lo que se puede hacer con el recurso disponible y sin perder las características legales y técnicas de una consulta válida.
Arribamos a este escenario del irracional estrangulamiento financiero al INE por parte del régimen. Y a pesar de los ataques, la autoridad electoral mexicana ha actuado de forma profesional, literalmente haciendo esfuerzos para estirar el recurso sin dañar la credibilidad del ejercicio.
Nuestra democracia no debería vivir este tipo de juego de fuerzas entre el gobierno y la autoridad electoral. Pero al parecer la actuación del INE molesta al régimen cuando sus decisiones no le son favorables.
La de ayer, con todo y las limitaciones de la cual surgió, ha sido una decisión acertada si consideramos que se trató de dar cauce a un derecho ciudadano. Pero sin duda no hay aún mucho por aclarar y por reformar en nuestro marco legal y normativo para que el ejercicio de los derechos electorales no esté sujeto a la voluntad caprichosa de ningún poder político.
Falta que se garantice que la letra constitucional se cumpla, que no se tenga que adecuar a lo que hay sino que sea realizada con todo lo que debe haber. Después de todo, para eso debe estar el orden jurídico nacional.
Finalmente, una pregunta obligada: si ningún partido de oposición quiere que el presidente termine anticipadamente su mandato, según coincidió cada representación ante el INE, ¿por qué realizar el ejercicio de revocación de mandato?
La consulta costará mil 567.4 millones de pesos, que bien podrían usarse para comprar vacunas contra el Covid-19 o para adquirir insumos médicos tan necesarios en el contexto de la pandemia…