A 67 años del primer voto de mujeres en elecciones federales en México, el ejercicio de nuestros derechos políticos aún enfrenta retos para superar inercias sociales que se aferran al machismo de antaño.
Desde aquel 3 de julio de 1955, cuando las mexicanas sufragaron por vez primera para votar a integrantes de una legislatura en la Cámara de Diputados, nuestro país y nuestra sociedad han sido testigos de una lucha permanente de muchas activistas, académicas y políticas, que nos trajeron al escenario paritario de hoy.
Sin embargo, fue hasta las acciones afirmativas introducidas en 2014 y 2019 que nuestra Constitución estableció tal derecho a participar en igualdad de número entre varones y mujeres, 64 años después del reconocimiento al voto femenino.
Se dice en un renglón, pero han sido décadas de insistir a una sociedad y a la llamada clase político a abrir los ojos a una realidad para que el ejercicio de derechos políticos se establezca con la llamada “paridad en todo”.
La lucha no ha terminado y los residuos machistas de la política perviven aún en algunos sectores, y ha sido necesario establecer, parece increíble, diversas medidas para evitar fenómenos tales como el de las “juanitas”, surgido precisamente del grupo político que hoy gobierna el país.
Las barreras de género que obstaculizan el desarrollo político de la mujer en México han ido cediendo en gran parte, y esto se refleja ahora en las postulaciones a cargos públicos, pero el escenario de la batalla ahora se concentra en acabar con la discriminación y la violencia política de todo tipo, y en el gran reto de brindar acceso a una mejor capacitación. Esto último es indispensable desde el nivel municipal, el más vulnerable en el acceso de las mujeres a la toma de decisiones, y donde ocurren con frecuencia simulaciones en el ejercicio de los derechos políticos.
A través de la capacitación y la información, hay que hacer llegar la conciencia de los derechos, animar a cada vez más mexicanas a tomar parte en las cuestiones públicas, promover la incursión de las juventudes en ejercicios cívicos democráticos reales. Solo invirtiendo en democracia fortaleceremos nuestra democracia.
De la discriminación hay demasiados ejemplos, pero el que más llama la atención es la ausencia de mujeres en los órganos de decisión de las cámaras de conforman el Congreso de la Unión, o del Poder Judicial, o la muy frecuente desautorización por parte del Ejecutivo a sus integrantes mujeres. Otro tanto podríamos hablar del acceso de mexicanas a los órganos directivos del sector privado, a la gran batalla que se libra para que se dé el lugar debido a la mujer en las empresas y en las instituciones académicas, esa es harina de otro costal y áreas en las que habremos de insistir por algo de tiempo más.
Sobre la violencia política en todas sus manifestaciones se ha legislado para su prevención y combate y apenas en marzo pasado el INE presentó el proyecto “CERO violencia política contra las mujeres en México”, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la agencia española de cooperación AECID.
Este esfuerzo de la autoridad electoral consiste en un programa de dos años para capacitar a candidatas electas en temas de género, derechos humanos y la agenda 2030, y acompañar a los partidos políticos n las medidas para proteger a mujeres víctimas de violencia política.
Pero como todo fenómeno de violencia, ésta evoluciona y se ramifica echando mano de recursos de nuestra era digital y se manifiesta en el bullying en redes sociales, en campanas de odio por internet, entre otros medios. Ahí debemos profundizar para acabar con las perpetraciones.
El camino es arduo, pero debemos seguirlo. La lucha no es fácil, y quienes hemos elegido la vida pública estamos obligadas a seguir avanzando hacia una paridad sustantiva. Se lo debemos a tantas mujeres que nos dieron el presente y a muchas más que participarán en el futuro.
