En medio de todos los temas preocupantes que las mexicanas y los mexicanos sorteamos cada día en las noticias, más allá de la pandemia y sus terribles efectos en la vida de la ciudadanía, del alza desmedida en los insumos básicos como el gas o la carne o las tortillas, de la preocupación por el inminente regreso a clases y la incógnita acerca de si serán o no presenciales, está el asunto de la seguridad.
No es un tema menor. No es un asunto de fácil atención, ya lo he dicho en este espacio. Implica a muchos protagonistas y diversos factores, involucra a todos los niveles de gobierno e impacta directamente en la gente. Sin seguridad no hay vida. Al menos no una vida en libertad democrática.
En Aguililla, Michoacán, la inseguridad y la violencia han tomado la región, en una escalada de ilegalidades y de agresiones por parte de sicarios de cárteles que se disputan el control de esa zona. Desde finales de 2020 la crisis de seguridad derivó en una crisis humanitaria, ya que los principales accesos al lugar son controlados por el crimen organizado y el abasto de víveres escasea a grados alarmantes.
Desde hace más de tres meses incluso, no hay comunicación telefónica y se ha cortado el servicio de energía eléctrica. El agua, al igual que los insumos básicos, se traen a cuentagotas.
No se puede vivir así. La gente ha pedido por todos los medios posibles la intervención de los gobiernos estatal y federal para rescatar las libertades perdidas, pero todo ha sido en vano. En un intento desesperado de llamar la atención de la principal autoridad del país, la semana pasada varios habitantes arrojaron piedras, palos y explosivos caseros al cuartel del Ejército Mexicano, incluso derribaron con un camión de basura el portón de acceso al cuartel.
Su demanda es que los elementos militares los defiendan del fuego cruzado que mantiene virtualmente aislada a la población del resto del municipio, del Estado, de la vida en libertad.
La respuesta del presidente López Obrador fue pedirle a los delincuentes que dejen de pelear, que dialoguen para resolver sus diferencias, y a la ciudadanía de Aguililla “que no se dejen llevar por quienes tienen otros intereses” y que no participen en la lucha de bandas.
Pero la gente de Aguililla no se metió a la lucha entre bandas. Están en medio porque las bandas quieren controlar la población, inmersa en la Tierra Caliente. Los dejaron sin comida, sin agua, sin luz, sin teléfono.
La ciudadanía está desesperada y necesita respuestas, actuar de las autoridades, no llamados a “no meterse”. Llevan meses en circunstancias insoportables y no actúan para “provocar” al Ejército, sino que quieren llamar la atención porque identifican a las fuerzas armadas como su única defensa ante lo que están viviendo.
Desde luego que en Aguililla lo de “abrazos no balazos” fue rebasado desde el principio, con los balazos de los delincuentes. Es difícil dialogar con varias armas disparando enfrente.
Al fin la CFE restableció la electricidad en Aguililla, pero de nuevo los cárteles volvieron nulo el abasto hacia la población. Sigue sin haber telefonía.
Ayer habitantes usaron maquinaria pesada para dañar el helipuerto que abastece al cuartel militar ubicado a las afueras de la población. Declararon a medios de comunicación que es una medida de presión más para que el Ejército intervenga y “libere” al pueblo del flagelo del narco.
Se trata de la expresión de inconformidad/desesperación más extrema a la que han acudido para llamar la atención de una autoridad federal que sigue pidiéndoles que pongan la otra mejilla ante la delincuencia. Pero ya no hay mejillas que ofrecer: el gobierno federal y el estatal deben trabajar conjuntamente para que la gente de Aguililla y de otras poblaciones tengan paz y tranquilidad. Espero que al menos para esto sí se pongan de acuerdo ambos gobiernos.
