Con la aprobación de modificaciones a la legislación que da marco y forma al juicio de amparo, el oficialismo asestó un nuevo golpe a las libertades de la ciudadanía mexicana.
El argumento para “descafeinar” la institución del juicio de amparo es una definición de actos antiderechos: según el oficialismo, la reforma se hizo con la intención de combatir a ciudadanos que “abusan” del amparo para protegerse ante las autoridades.
Contrariamente a lo que argumenta el gobierno, lo que la legislación debiera hacer es privilegiar los derechos de la ciudadanía, antes que los actos del mismo gobierno. Pero al parecer, en la dinámica de quienes hoy detentan el poder público, los derechos de las personas están al final de la fila.
En el Senado, cuando surgió el rumor de que Morena y aliados buscarían no solo debilitar el juicio de amparo sino además darle carácter de retroactiva ficha reforma, las descalificaciones a tamaño sinsentido surgieron por todos lados.
Y dieron marcha atrás. Pero solo verbalmente y en apariencia, porque dijeron que modificarían ese aspecto, y hacia el final de la discusión de tan relevante reforma en la Cámara de Diputados, realizada incluso en horas de la madrugada, la misma disposición de retroactividad surgió de un ala radical de los partidos coaligados al poder.
Así que doble engaño a la ciudadanía, doble insistencia en el abuso de poder.
Todo el cúmulo de desaseos y de empecinamiento en una legislación antiderechos nos hace ver que la intención es, evidentemente, cerrar las puertas a las herramientas que la ciudadanía pudiera utilizar para defenderse de abusos del gobierno.
Yo les preguntaría a quienes hoy defienden estas reformas, desde el privilegio de formar parte de la mayoría oficialista, ¿qué responderán al juicio de la historia? ¿con qué cara volverán a pedirle el voto a una ciudadanía a la que diariamente desprotegen y a la que diariamente le van quitando derechos?
Quizá quienes pierden más con el golpe legislativo al juicio de amparo son los colectivos, al restarles posibilidad de realizar la protección de sus derechos con este instrumento legal.
Cabría preguntarnos también entonces, ¿esta legislación antiderechos es una venganza del régimen de Morena y aliados por las batallas que le ganaron al oficialismo los papás de infancias con cáncer, las personas que exigieron vacunas efectivas contra el Covid-19, los grupos ambientalistas que se opusieron al Tren Maya por su evidente carácter destructivo de la naturaleza?
La lista es larga de los grupos organizados de la sociedad civil que sostuvieron férreas luchas para defender sus derechos ciudadanos ante un gobierno abusivo, cada vez más ensoberbecido y cada vez más violatorio de garantías.
Ante esta avalancha de acciones antiderechos y ante la evidente intención del régimen de silenciar protestas y posturas contrarias a sus intereses, lo que queda es seguir firmes y seguir defendiendo los derechos de las personas, no dar pasos atrás sino adelante en esa lucha.
Será una batalla ardua, laboriosa, la de seguir defendiendo nuestros derechos ante un sistema cada vez más radical, pero vale la pena seguir enarbolando la bandera de las libertades, porque esa es la actitud que sostendrá a nuestro país en la ruta de la democracia.
Coordinadora Grupo Parlamentario MC
