Hace unos días, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados requirió a comparecer al secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, para exponer ante este órgano legislativo las circunstancias de la vulneración de los servidores de la dependencia a su cargo por parte de un grupo internacional de hacktivistas, en los conocidos “guacamayaleaks”.
El funcionario respondió, según han documentado los medios de comunicación a partir de declaraciones de legisladores integrantes de la Comisión, que con todo gusto, pero en sus oficinas de la Sedena y en privado. Bajo sus condiciones.
Eso no es un ejercicio de rendición de cuentas, mucho menos uno de transparencia. Tampoco es una simple falta de respeto a la Comisión de la Cámara de Diputados: es un incumplimiento de la Ley.
En efecto, la Ley Orgánica del Congreso General señala esta facultad de las Comisiones Permanentes para citar a comparecer a los funcionarios de las dependencias del Poder Ejecutivo.
El Congreso representa la Soberanía Popular, y a cada Cámara corresponde revisar la actuación del gobierno. Por eso los funcionarios, cada vez que se les requiera, tiene la obligación de presentarse ante los representantes del pueblo. No al revés.
Este pequeño gesto del general secretario nos revela una actitud propia de las fuerzas armadas: en la disciplina castrense solo se obedece al Alto Mando, y para las personas de verde olivo el Comandante Supremo es el Presidente.
El problema para esta visión es que el presidente de la República tiene un jefe, que es el Pueblo de México. Y ese Pueblo está representado en el Congreso.
Nuestra Constitución y nuestras leyes se estructuran siguiendo la lógica de la división de poderes, es decir, en nuestro sistema democrático el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial funcionan como balances y contrapesos, precisamente para evitar que el poder público sea controlado por una sola persona.
Viene a colación este suceso porque buena parte de los argumentos sostenidos en la Cámara de Diputados y en la de Senadores por las bancadas de Morena y sus aliados, entre ellos la mayoría de legisladoras y legisladores del PRI, para conceder a las fuerzas armadas una extensión hasta el 2028 para seguir desempeñando tareas de policía en nuestro país, es precisamente que se garantizaría en la Constitución y la ley la obligación de rendir cuentas ante el Congreso sobre sus actuaciones.
Esta obligación existe desde hace décadas. Pero con ahora vemos claramente qué entienden por “rendir cuentas” las personas que están al mando de las fuerzas armadas: todo debe hacerse bajo sus condiciones.
¿Y las condiciones del pueblo mexicano, las que están en la Constitución y las leyes, qué?
La verdad es que desde 2019 todo lo que se ha plasmado en la Constitución y las leyes en materia de rendición de cuentas le importa poco al régimen, y por régimen me refiero no únicamente al gobierno central, al Presidente y sus funcionarios, sino también a las legisladoras y legisladores oficialistas que han abandonado su obligación constitucional de revisar al poder público y consienten en ser rebasados.
La sumisión es el inicio de los regímenes antidemocráticos. Por eso nuestro sistema de división de poderes también contempla la posibilidad de cuestionar legalmente las decisiones del gobierno. Y es el Poder Judicial el que tiene la tarea del control constitucional, de interpretar y decir el derecho para procurar lo correcto, de acuerdo con nuestras normas legales.
Por eso desde Movimiento Ciudadano, hemos presentado recursos jurídicos en contra de las decisiones arbitrarias y en muchas ocasiones ilegales de la presidencia de la República y su bancada legislativa oficiosa. No comulgamos con un régimen que se pliega al militarismo y se conduce al margen de la ley.
