Es casi un hecho que esta semana el Senado de la República aprobará las reformas a la Ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La pregunta que surge es: ¿constituye esta reforma una amenaza para el ahorro de los trabajadores o una oportunidad histórica para garantizar que todas las personas puedan acceder a una vivienda digna?
Los detractores de la iniciativa argumentan que el gobierno utilizará los recursos del fondo para financiar obras públicas o proyectos políticos, además de señalar que se busca reducir la participación de los sectores empresarial y laboral en la toma de decisiones. Según ellos, esto podría derivar en falta de transparencia y control, llevando al colapso del fondo destinado a la vivienda de los trabajadores. También han expresado preocupación por la creación de una empresa filial para construir viviendas, la cual, aseguran, competirá “deslealmente” con más de 7 mil constructoras privadas, poniendo en riesgo su existencia.
Sin embargo, tanto el texto de la reforma como sus motivaciones revelan intereses ocultos detrás de estas críticas. Lejos de ser una amenaza, esta propuesta representa un avance histórico que tardó más de un siglo en materializarse. Desde principios del siglo XX, figuras como los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón lucharon por establecer la vivienda social como un derecho humano fundamental para la clase trabajadora. Aunque este anhelo quedó plasmado en el artículo 123 de la Constitución desde 1917, nunca se cumplió de manera generalizada. Ni siquiera la creación del Fondo Nacional de Vivienda en 1972 logró resolver el problema.
En México existen más de 35 millones de hogares y, a pesar de que actualmente el INFONAVIT financia el 48.6% de las viviendas adquiridas, hay un déficit de 8.2 millones de viviendas y la producción de vivienda se ha complicado debido al encarecimiento del financiamiento, que en 2023 llegó a tasas superiores al 14%, además de la alta inflación en los insumos para la construcción a nivel mundial.
La reforma fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 12 de diciembre de 2024, como consecuencia de la reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya aprobación por parte de los congresos locales se verificó el 6 de noviembre pasado. El Congreso de la Unión tiene hasta el 6 de mayo para realizar los cambios necesarios, según lo establece el mandato constitucional transitorio.
La reforma busca otorgar al Infonavit facultades para construir vivienda, permitiendo a los trabajadores adquirirla mediante renta social, con un costo mensual que no exceda el 30% de su salario, o en propiedad. La prioridad son trabajadoras madres solteras, o trabajadores de escasos recursos, con discapacidad o jóvenes.
Por eso, mienten quienes afirman que habrá un uso discrecional de los ahorros, porque en la reforma el último párrafo del artículo 5 de la Ley del Infonavit establece que: “Las aportaciones de personas empleadoras a las subcuentas de vivienda son patrimonio de las personas trabajadoras y, en su conjunto, conformarán el Fondo Nacional de la Vivienda”. Además, el presupuesto del Infonavit no podrá exceder el 0.55% de los activos totales que administre, incluido el presupuesto de la empresa filial, y el ejercicio del presupuesto estará sometido a una auditoría externa (Art. 41 Bis). De igual manera, la Asamblea General del Infonavit establecerá políticas de organización de la contabilidad y auditoría conforme a las normas de información financiera.
Cabe señalar que, si bien la integración de la Asamblea General disminuye de 45 a 30 personas, mantiene la representación tripartita proporcional, con 10 representantes del gobierno, la misma cantidad que los sectores de empleadores y trabajadores.
Para garantizar que el Infonavit “destine los recursos que integran su patrimonio o que están bajo su administración a la consecución de sus objetivos”, estos estarán sujetos a lo siguiente: (…) deberá solicitar, en su caso, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la aprobación de los financiamientos que reciba. La Asamblea General del Instituto deberá establecer las políticas de organización de la contabilidad y auditoría interna, conforme a las normas de información financiera vigentes y aplicables.
De igual forma, se prevé que la Contraloría General del Instituto será notificada en caso de incumplimiento del programa de autocorrección.
Respecto a la empresa filial que se creará, debe puntualizarse que el texto de la reforma señala que no se considerará entidad paraestatal, gozará de plena capacidad de gestión y se regulará por el derecho privado, pero observará principios de legalidad, honradez, transparencia y combate a la corrupción. Además, la Auditoría Superior de la Federación tendrá un papel complementario en su fiscalización.
Recientemente, la presidenta Sheinbaum informó sobre una serie de irregularidades detectadas en el Infonavit, las cuales habrían ocurrido en sexenios anteriores al del presidente Andrés Manuel. Entre ellas, se encuentran indemnizaciones fraudulentas por miles de millones de pesos a proveedores y juicios masivos que llevaron al Infonavit a pagar 29 mil millones de pesos a despachos corruptos, lo que ocasionó que más de 249 mil personas trabajadoras perdieran su vivienda. Por cierto, ese monto es equivalente a lo destinado al programa de bienestar para personas con discapacidad.
A dichos escándalos se suman las denuncias hechas por la presidenta de la República respecto al fraude de créditos múltiples sobre una misma vivienda, seguros colectivos fraudulentos y proyectos inconclusos que erosionaban las arcas del instituto.
Por eso, podemos afirmar que la reforma al Infonavit es un paso adelante para alcanzar el sueño de los Flores Magón y de millones de mexicanas y mexicanos trabajadores: acceder a una vivienda digna, producto de su esfuerzo y trabajo diario.
