Toda lucha asume una parte ganadora y una parte derrotada. Si uno habla de la lucha anticorrupción se asumiría que la parte por “derrotar” es a las personas que abusan de su poder para beneficio privado, ya sea funcionarios o empresas; sin embargo, en el caso de la lucha anticorrupción en el sector salud en México son los pacientes los que acabaron siendo víctimas y algunas empresas las beneficiadas. ¿Cómo llegamos a esto? Por un proceso de mala planeación, opacidad e impunidad.
Este mes gracias a dos extraordinarios trabajos periodísticos de Animal Político y el equipo de Periodismo de Investigación de EL UNIVERSAL podemos empezar a vislumbrar el impacto que tuvieron algunas de las estrategias anticorrupción en el sexenio pasado: sobreprecio, desabasto de medicamentos, mayor gasto de bolsillo, endeudamiento, y personas que perdieron la vida. De acuerdo con la investigación de Nayeli Roldán e Itzel Escalona, “#NoFuimosDinamarca”, el IMSS dio 1,600 millones de pesos en contratos a empresas de reciente creación que además vendieron medicamentos a sobreprecio.
Por otra parte, de acuerdo con la investigación de Alejandra Crail, “Rifarse la vida; historias de un sistema de salud rebasado”, el gasto en servicios privados de salud se ha duplicado en los últimos 10 años trayendo consigo endeudamiento y pérdida de patrimonio para muchos pacientes. Estas dos investigaciones además de ofrecer datos contundentes sobre el debilitamiento del sector salud, ponen al centro las historias de los pacientes y doctores, los principales afectados en la lucha anticorrupción que trajo consigo el cambio en el sistema de compra y distribución de medicamentos y la desaparición del Seguro Popular y el Insabi.
Estos cambios estructurales en el sistema de salud pública se implementaron con el objetivo de combatir la corrupción en el sector. Sin embargo, lo que observamos actualmente es el surgimiento de nuevas redes corruptas, impulsadas por la improvisación y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Al final, es el sector privado quien vuelve a beneficiarse, ya sea mediante la creación de farmacéuticas que venden al gobierno con sobreprecios, el surgimiento de empresas fantasma que simulan actividades, o el crecimiento desmedido de farmacias con consultorios adyacentes. A esto se suma el auge del mercado negro de medicamentos en los últimos años.
¿Cómo hacemos para salirnos de este círculo vicioso que pone a las víctimas de la corrupción en el olvido y premia a las empresas? Aunque no hay una respuesta fácil ni única es importante cerrar la brecha a la opacidad de las empresas que ganan contratos públicos (Compranet), transparentar los procesos de licitación, e iniciar una estrategia de lucha contra la impunidad en el sector. El tema de la impunidad al final sigue siendo el gran reto. Para esto necesitamos coordinación interinstitucional y un esfuerzo por retomar los programas que más ayudan en esto, como la detección de empresas fantasma por parte del SAT, así como la creación de un registro público de beneficiarios finales.
Ayer, en una conversación sobre cómo mejorar la transparencia sobre los beneficiarios finales de las empresas volvió a salir el tema de cómo proteger el derecho a la protección de datos personales de las personas que se benefician de la creación de una empresa. Aunque reconozco el riesgo que existe al momento de registrar datos personales, es momento de recordar la cantidad de víctimas que la corrupción deja: personas que no tienen acceso a servicios públicos de calidad y acaban endeudándose o perdiendo la vida por esto. Es momento de cambiar el foco de atención de las empresas y sus beneficios y poner al centro a las víctimas de la corrupción.
Especialista en temas anticorrupción.
@itelloarista