En estos días esperamos ver el retiro de la propaganda electoral que inundó durante meses las calles de México. Sin embargo, como en otras elecciones por varias calles y colonias del país quedarán los restos de bardas promocionales y lonas que se irán rasgando y decolorando con el tiempo. Desafortunadamente lo mismo ocurrirá con las promesas electorales. La serie de propuestas y promesas que los diversos candidatos a puestos de elección han hecho parecen ser tan sólo un mecanismo más de mercadotecnia publicitaria. Las promesas de campaña se han convertido en fórmula retórica que busca la gratificación instantánea del votante, fórmulas vacías que apelan a la emotividad popular. Los bailes, los discursos apasionados, las visitas a comunidades lejanas se suman a las promesas electorales y se convierten en fachada electoral que intenta ocultar el pasado político y los conflictos de interés.
Durante la elección de 2012, el candidato presidencial Enrique Peña Nieto decidió iniciar su campaña con la firma ante notario público de 266 compromisos. La ironía de este gesto teatral está en saber la predominancia que tuvieron los notarios en varios de los esquemas de corrupción que se dieron durante esa administración, como en el caso de la Estafa Maestra. Por otro lado, en la elección de 2018 el entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, prometió entre otras cosas, regresar a los militares a los cuarteles, darnos un sistema de salud como el de Dinamarca, y acabar con la corrupción y la impunidad. Al final de su gobierno tenemos mayor militarización, un sistema de salud pública en las peores condiciones, desabasto de medicamentos, mayor opacidad e impunidad total en temas de corrupción.
Se podría afirmar que en una verdadera democracia existe el cambio de gobierno de un partido a otro como el que vimos en México en las últimas elecciones. Sin embargo, la crisis de la democracia empieza por el retiro anticipado de las promesas electorales por parte de la mayoría de los candidatos de todos los partidos políticos. Cuando las elecciones se convierten en un gasto enorme de recursos públicos por buscar la popularidad a través de promesas vacías que se incumplen al momento de ganar el voto se debilita la confianza ciudadana en la democracia.
Postdata: ante la demagogia electoral, instituciones independientes
La noticia del veredicto de culpabilidad de Donald Trump se dio al momento en que escribía este texto. La condena se da por el delito de falsificar registros empresariales con el intento de ocultar un esquema de pagos para silenciar a una actriz que ponía en riesgo su reputación política durante las elecciones estadounidenses. Considero indispensable hablar de este caso porque ejemplifica a la perfección la disyuntiva ante la que nos encontramos y que intento señalar. Que un jurado declarara culpable a Trump, muestra, por un lado, que uno de los antídotos contra la demagogia electoral es contar con instituciones independientes que hagan cumplir la ley. Mentir o no cumplir una promesa de campaña quizá no sean delitos, sin embargo, el fraude, la corrupción y el desvío de recursos detrás de las falsas imágenes y promesas electorales sí lo son. El verdadero Estado de derecho sólo existe si incluso los que están en el poder o intentan acceder a él son juzgados por la ley. Sin embargo, el otro lado de la moneda no se puede perder de vista: Trump usará esta condena para poner en entredicho el sistema de justicia estadounidense. Si nos encontramos en una disyuntiva democrática en muchos países es por la fuerza que tienen los discursos demagógicos contra las instituciones que los intentan cuestionar. La popularidad se ha convertido en eje ideológico de forma preocupante. La facilidad de retiro de promesas electorales abre el campo a retóricas demagógicas que buscan a toda costa minar la credibilidad de instituciones independientes que las cuestionan. Mantener el registro de las campañas electorales incumplidas y violadas es una responsabilidad ciudadana más urgente que nunca.
