Nuestros bosques están ardiendo, combustionados por la corrupción y las peleas entre el crimen organizado. Hay que decirlo con claridad: la corrupción aviva los crímenes ambientales, acelera el cambio climático y ocasiona pérdidas de biodiversidad. Esto puede verse actualmente en la Sierra Madre Occidental, donde más de 281 mil hectáreas de bosque ardieron como consecuencia de la disputa interna del Cártel de Sinaloa, tal y como lo narra la investigación de Miriam Ramírez en este periódico.
Gracias al análisis de imágenes satelitales, así como producto de entrevistas con habitantes de las comunidades aledañas y especialistas, se pudo comprobar un aumento en la cantidad y extensión de incendios forestales en los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango. A diferencia de otros años, estos incendios se dieron en temporadas frías y en zonas donde se dio el avistamiento de bombas y drones. La zona de incendios corresponde a la zona de enfrentamientos entre facciones del grupo del Cártel de Sinaloa que se desataron después de la captura de El Mayo Zambada.
Los enfrentamientos con bombas y drones en la Sierra Occidental además ocasionan que pobladores y brigadistas desistan en sus intentos por contener los daños de los incendios. A esto se suma el abandono institucional por parte de servicios médicos y de emergencia en las comunidades producto de la violencia en la zona. Este tipo de corrupción se llama captura del Estado e incentiva el daño ambiental y la violación de derechos humanos por parte de la población.
Frente a esta realidad, parecería que no hay mucho por hacer. Sin embargo, en los próximos días se abre una ventana importante. Del 15 al 19 de diciembre se celebrará en Doha la 11ª Conferencia de los Estados Parte de la Convención de la ONU contra la Corrupción (COSP11), el foro global más importante para definir cómo se combate la corrupción. Aunque suene lejano, lo que ahí se discuta tiene relación directa con lo que ocurre en la Sierra Madre Occidental.
Uno de los temas centrales será precisamente la relación entre corrupción, crímenes ambientales y cambio climático. La corrupción, ya sea como sobornos, extorsión, desvío de recursos y captura institucional, es el lubricante que permite la tala ilegal, el acaparamiento de tierras y la operación de redes criminales que hoy controlan territorios completos. Los crímenes ambientales ya son el tercer sector criminal más lucrativo del mundo, con ganancias de cientos de millones de dólares al año.
En la COSP11 se buscará aprobar una resolución que reconozca estas conexiones y que pida a los Estados a usar mejor las herramientas de la Convención: desde mayor integridad en las contrataciones públicas hasta transparencia en el financiamiento climático y medidas más firmes contra el lavado de dinero relacionado con delitos ambientales y de corrupción.
Otro punto clave será fortalecer el Mecanismo de Revisión (IRM), que hoy es opaco y depende casi exclusivamente de evaluaciones entre gobiernos. Para que funcione, se necesita la intervención de periodistas, organizaciones civiles y comunidades que conocen el terreno y documentan patrones como los descritos en este artículo. Un IRM más transparente, inclusivo y efectivo permitiría que estos casos no queden fuera del radar internacional.
México debería aprovechar la COSP11 para reconocer la urgencia de proteger sus ecosistemas y comprometerse con mecanismos de supervisión más sólidos. Cuidar los bosques no es solo un asunto ambiental: es parte de una agenda global para frenar la corrupción que alimenta la violencia y el colapso climático.
Especialista en temas anticorrupción. @itelloarista