Nada ni nadie por encima de la ley. Esta frase que se convirtió en consigna política de la actual administración describe uno de los puntos principales de todo Estado de Derecho: la necesidad de que todas las personas respeten la ley, incluyendo las autoridades. Sin embargo, que se diga y mencione esta declaración continuamente por el gobierno no implica que sea una realidad. Tan sólo esta semana se dio a conocer que la audiencia de Emilio Lozoya por el caso de Agronitrogenados se aplazaba nuevamente y que la ministra Yasmín Esquivel obtuvo una suspensión ante el amparo que promovió por la integración del comité de ética de la UNAM que investiga el caso del plagio de su tesis. Estos casos son ejemplos de la forma en la que la justicia sigue operando en nuestro país: con base en privilegios y sin capacidad de sancionar a las autoridades que cometen una falta.
Podría parecer que estos dos casos son tan sólo una muestra muy sesgada y pequeña que no reflejan la impunidad ante las faltas, delitos y violaciones de las autoridades, desgraciadamente no es el caso. Tan sólo falta analizar los niveles de impunidad administrativa que tenemos en el país, que se refieren a todas las faltas administrativas cometidas por servidores públicos que no lograron sancionarse, la cual se encontraba arriba de 80% de acuerdo con un estudio de Impunidad Cero y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey. También se puede analizar la baja calificación que se otorga a México sobre su capacidad de sancionar a las autoridades por no cumplir con la ley o abusar de sus funciones en el Índice de Estado de Derecho: tan solo un .27 de una calificación máxima de 1.
Por otro lado, se puede revisar qué tanto influye el tener acceso a un abogado privado para que una persona privada de su libertad tenga un debido proceso. Para esto, sólo hace falta revisar la Encuesta de la Población Privada de la Libertad 2021 del Inegi. De acuerdo con esta encuesta, 44% de las personas en prisión declararon haber sido acusadas falsamente o ser implicadas en la comisión de un delito. Además, la mayoría de las personas privadas de su libertad, 54%, declararon haber tenido acceso sólo a un defensor de oficio. Cuando se les pregunta las acciones que los defensores, ya sean privados o de oficio, realizaron a favor de los acusados la situación se torna más preocupante. A 54% de las personas que tuvieron un defensor de oficio se les recomendó declararse culpable.
La diferencia entre si los abogados presentan un amparo, una apelación u otros recursos son enormes dependiendo si se cuenta con un abogado privado o con uno de oficio. Analizando estos dos extremos, parecería ser que la aplicación de la ley en el país está sujeta a tener conexiones políticas o recursos económicos para garantizar que un abogado explote los formalismos legales necesarios para garantizar nuestra defensa, sea la persona culpable o no.
No hay Estado de Derecho si no se tiene capacidad o interés por poner un control al poder gubernamental, si no hay capacidad de sancionar a las autoridades que cometen una falta. Si al final los encargados de hacer valer y respetar la ley, utilizan sus influencias y sus recursos económicos para violarla, lo que seguiremos teniendo es un país de impunidad total, en el que los delitos que afectan a la sociedad no se persiguen y las personas que acaban en la cárcel no son necesariamente las que cometieron un delito, sino las que no tuvieron dinero o recursos políticos para tener una mejor defensa.