¿Quiénes son los dueños de las empresas que se utilizan en México para realizar actos de corrupción? ¿Cuántas de estas personas son familiares de una persona políticamente expuesta que son nombradas directoras o propietarias para evitar el escrutinio público? ¿Cuántos abogados y notarios brindan sus servicios como prestanombres de empresas y fideicomisos con el objetivo de ocultar a los beneficiarios finales de estos esquemas legales? En México no es posible responder a estas preguntas, sin embargo, en otros países es posible usar la información de beneficiarios finales para detectar riesgos de corrupción ligados a compras públicas.
La vanguardia en temas anticorrupción está en el uso y detección de redes de corrupción con base en datos. Más específicamente en el poder cruzar la información sobre licitaciones públicas con datos de registros públicos de la propiedad y de beneficiarios finales de empresas para generar indicadores de riesgo. De acuerdo con el estudio “Uso de datos sobre beneficiarios finales para la evaluación de riesgos a gran escala en la contratación pública” que publicamos esta semana en conjunto con los investigadores Mihály Fazekas y Antonina Volkotrub, algunos datos de propiedad pueden ser utilizados como indicadores de riesgo para prevenir e identificar de una manera más efectiva riesgos de corrupción en compras públicas.
Esta investigación cotejó bases de datos de compras públicas con bases de datos de beneficiarios finales de empresas que ganaron licitaciones en 6 países. Después de hacer un análisis exhaustivo sobre esquemas de corrupción e indicadores de riesgo de propiedad, se procedió a analizar si existía una correlación entre estos indicadores y un mayor índice de riesgo de corrupción en compras públicas (como el tener un mayor número de adjudicaciones directas, un menor tiempo entre el anuncio de la licitación y la asignación del ganador, o tener tan sólo un único licitante). Al final pudimos observar que existe una relación entre mayores niveles de riesgo de corrupción en compras públicas con algunos indicadores de propiedad, como son el tener dueños menores de edad, o que una persona tenga a su nombre un gran número de empresas, o que los beneficiarios finales sean personas políticamente expuestas, o que se realicen varios cambios de registro de propiedad respecto de los beneficiarios últimos. Los hallazgos de este estudio indican que para poder hacer frente a la corrupción se debe tener a la mano información pública de calidad y estandarizada para detectar riesgos a gran escala.
La impunidad sigue siendo la norma en temas anticorrupción, a pesar de que en el actual gobierno se habló constantemente de la lucha contra la corrupción en el tema del huachicoleo, de la compra de medicinas, de Segalmex, de los fideicomisos, etc. Sin embargo, al momento de ser necesario detectar las redes de corrupción detrás de estos esquemas, de iniciar investigaciones sólidas para identificar a las empresas y personas que se beneficiaron de estos presuntos desvíos de recursos públicos, se rompió la narrativa y se continuó con la cadena de impunidad. Si verdaderamente se quiere acabar con la impunidad en actos de corrupción en el próximo sexenio, se tiene que poner al frente de la agenda anticorrupción la necesidad de tener datos estandarizados, actualizados y públicos de beneficiarios finales últimos y de licitaciones públicas que puedan cotejarse y usarse para prevenir e investigar de una manera más efectiva las redes de corrupción en compras públicas.
