Sabemos que no le queda mucho tiempo de vida, es un enfermo terminal con los días contados. Pero qué maldita necesidad de hacer las cosas mal y darle un final tan infeliz a este organismo y a sus funcionarios que han servido a México por más de una década. La situación jurídica y presupuestal del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se ve color hormiga, y en ello se juega también la regulación y supervisión del sector.
En materia jurídica, una resolución boba e irresponsable de la Segunda Sala de la Suprema Corte del 15 de enero sobreseyó la controversia constitucional interpuesta por el IFT en 2022, que buscaba obligar al Presidente de la República a nombrar a las comisionadas faltantes. Así, utilizando un lenguaje descuidado e imprudente, dejó tambaleando la existencia misma del IFT y, con ello, la validez de sus actos posteriores a la reforma constitucional de diciembre pasado.
Los tres ministros de la sala, Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y Lenia Batres, avalaron los pseudoargumentos de la ponente Yasmín Esquivel, y aprobaron su proyecto en el que señala: “dado el nuevo sistema en telecomunicaciones… en caso de dictarse una sentencia estimatoria que declare la invalidez de la omisión reclamada, no sería posible… cumplir con la designación de los Comisionados, puesto que el IFT ya no existe y sus funciones se trasladaron a una dependencia del Ejecutivo federal.”
Una gran mentira jurídica, pues la reforma que extinguió a los autónomos creó un régimen distinto para el IFT y la Cofece: sólo pueden desaparecer 180 días después de emitidas nuevas leyes en dichas materias y, como no hay plazo que obligue al legislador a expedirlas, su extinción está sujeta a un hecho de realización incierta. ¿Qué pasaría si el Congreso no emite esas leyes? Simplemente estos órganos no se extinguirían. No digo que debieron obligar a la Presidenta Sheinbaum a nombrar comisionadas, pero es una imprudencia inadmisible afirmar que el IFT ya se extinguió, cuando no es así. Eso deja vulnerables todos los actos del IFT a partir de diciembre del año pasado. De Batres y Esquivel, predecible. De Laynez y Pérez Dayán, imperdonable, pues de ellos se hubiese esperado mayor reflexión y no el respaldo ciego a argumentos tan pusilánimes.
En materia presupuestal, el tema no mejora. En 2025 le otorgaron al IFT sólo 500 millones de pesos, 10% en términos reales de su presupuesto de 2014. Peor aún: el calendario de presupuesto autorizado señala que en agosto de este año su gasto debe ser cero. Esto toma mayor relevancia porque las recientes señales políticas nos indican que ya no parece haber tanta prisa para expedir las nuevas leyes y, por lo tanto, desaparecer al IFT.
Lo peor es que antes de agosto no habrá ni para pagar la nómina de los trabajadores que, según el nuevo marco jurídico, deberían pasar a formar parte de las nuevas autoridades: la Agencia, que tampoco tiene presupuesto, y el organismo antimonopolios, que aún no existe. ¿Cómo la ve?
No era necesario escribir un final tan tortuoso para el IFT. Culpe usted a todos: a la Corte, al Congreso y al Ejecutivo por la incertidumbre que impera… y por lo que viene.
EN LA SOBREMESA
La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) está de manteles largos y celebrará mañana sus primeros diez años con un evento que reunirá a los principales referentes de la economía digital de América Latina. La cita es en el Palacio de Minería desde las 9 am. Felicitaciones a su director ejecutivo, Raúl Echeberría, y a Fabiola Peña, su flamante gerente regional para México y Centroamérica.
Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación
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